Quedaron listas las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, bautizado con el nombre “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. Este documento de 934 páginas describe las acciones que el gobierno Duque, va a ejecutar para enderezar el rumbo de nuestro país.
No será tarea fácil, ya que el presidente Duque, recibió un país desbordado en corrupción e impunidad, con un derroche impresionante en los gastos de funcionamiento, dejando un tremendo hueco fiscal de $14 billones. Le entregaron un país rezagado en competitividad por culpa de los atrasos en las obras de infraestructuras vial, férrea y fluvial, y por el enorme atraso en transformación digital y el asfixiante sistema tributario. Un país inundado en coca, con la productividad estancada, con una alta informalidad laboral y empresarial, y un sistema de justicia secuestrado por la impunidad y la ineficiencia.
En el sector rural, los indicadores de gestión encontrados en las reuniones de empalme, son peores. Caída de la superficie agrícola, de las exportaciones agrícolas y del PIB agropecuario. Irrisoria cobertura en financiamiento, asistencia técnica, mecanización de cultivos, sistemas de riego y biotecnología agrícola. Un rezago enorme en vías terciarias, más de dos millones de campesinos sin títulos de sus predios rurales y un ineficiente sistema de cobertura de riesgos climáticos, de precios de mercado y cobertura cambiaria.
Frente a este panorama el gobierno Duque, ha planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, siete líneas de acción para reactivar el sector agropecuario. En primer lugar, ha adquirido el compromiso de resolver de tajo la problemática de la informalidad en la tenencia de la tierra, para darle un ordenamiento productivo al sector, habilitar el desarrollo agropecuario, la inclusión productiva y la seguridad jurídica. Para ello, es importante revizar y reformar la normativa de las UAF, las Zonas de Reserva Campesina y las Zidres.
El segundo eje de acción es la transformación productiva agropecuaria por medio del ordenamiento de la producción, el desarrollo clúster y cadenas de valor agroindustriales, que integren la producción industrial con la de pequeños medianos productores. Esto va a permitir industrializar el campo. La Ley de financiamiento premia con 10 años de exención de impuestos de renta a los inversionistas que desarrollen este tipo de proyectos productivos integrados a una cadena.
La tercera apuesta del gobierno es el fortalecimiento de las capacidades de gestión de riesgos sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad de los alimentos, con énfasis en admisibilidad sanitaria y en el aprovechamiento de mercados externos. Si logran poner en marcha el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de carne y productos cárnicos comestibles para el consumo humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad en todos los procesos de producción, transformación y comercialización, habrán dado un paso muy importante en la promoción de las exportaciones de carnes del país.
El cuarto objetivo es destinar al menos el 50% de la inversión sectorial hacia la provisión de bienes y servicios públicos. Para ello, van a tener triplicar el presupuesto del sector, pues con el asignado para el 2019, no alcanza ni para proveer de bienes públicos el desarrollo agrícola de la Orinoquia o el Magdalena Medio.
Continuará…