Expertos y líderes de opinión, en general, consideran que es positivo unificar los periodos del gobierno local y regional con el nacional.
Sustentan su argumento, que comparto, en varias premisas. En primer lugar, indican que se debe simplificar el calendario electoral a efectos de dejar gobernar; de hecho, muchas elecciones en diferentes años saturan a los electores y distraen al país. Lo sumen, incluso, en la incertidumbre, en lo que puede pasar a espera de quien quede elegido, esto sin contar las veces que se aplica la ley de garantías que paraliza la ejecución presupuestal y los planes de gobierno más veces de lo que se debería.
A esto hay que sumarle el hecho de que los periodos, al ser disonantes, hacen que los alcaldes y gobernadores estén dos años con un gobierno nacional y dos años con otro. Así, la coordinación de planes locales, regionales y nacionales entre sí, se dificulta por esta disonancia. En segundo lugar, las elecciones de gobernaciones y alcaldías parecen más unas elecciones independientes, de microempresas electorales, de “caciquitos”, que de partidos coherentes y de estatura nacional.
Por ello, no es conveniente que alcaldes y gobernadores se elijan de fórmulas diferentes o distintas, o con ideologías y planes de desarrollo distintos, al del Presidente de la República, por cuanto es con el Presidente de la República con quien conforman el ejecutivo y con quien deberían trabajar de la mano, de manera armónica, para realizar planes integrados y coherentes de gobierno en el territorio nacional, regional y local.
En tercer lugar, así las elecciones se realicen en fechas distintas, pero el mismo año, significará ahorros para la autoridad electoral y para el bolsillo de todos los colombianos. Todo lo anterior, significa que hay una necesidad, dada cuenta a su conveniencia, de unificar los periodos. No obstante, dentro del mundo macondiano colombiano, las necesidades coyunturales arrasan con cualquier consideración a la forma, a lo decente y a lo adecuado.
Los actuales alcaldes y gobernadores, al igual que los diputados y concejales, fueron elegidos por un periodo de cuatro años. No son necesarias las razones de índole constitucional, pues claramente es inconstitucional pretender extender el periodo de cuatro a seis años. La Constitución es clara el indicar que los periodos de los alcaldes y los gobernadores son de cuatro años. Así, si ya están elegidos, por un periodo de cuatro años, por el constituyente primario, mal haría el delegado, el Congreso, sumarles dos años más.
Desde el punto de vista de la razonabilidad, de lo ético y de lo lógico, se cae de su peso la barbaridad que se quiere hacer, manoseando la institucionalidad, a través del constituyente derivado, cuando el constituyente primario ya eligió a sus representados por un periodo de cuatro años. Se coarta, además, con este exabrupto, el derecho a elegir y ser elegido. Los que quieren ser elegidos, están ahí, respetando las reglas para poder postularse. Los que quieren elegir, están ahí, esperando a votar por su preferido.
Esa es la regla de la democracia: elegir, ser elegido, postularse, ganar y gobernar por el periodo por el cual se fue elegido y con el programa con el que se ganó. Cualquier otra variación, cualquier modificación de las reglas, en especial si ello es de manera retroactiva, es totalmente inconveniente e inadecuado (por no decir que ilegal) y es un irrespeto a la institucionalidad. Debemos entender que, tanto la forma como el fondo, en temas políticos y jurídicos, son importantes.
Entonces, así sea conveniente unificar los periodos, se deben respetar la institucionalidad y las formas. Por ello, lo mejor sería que los próximos periodos regionales y locales sean de tres años y no apliquemos normas retroactivamente, en violación a la voluntad de los electores, por conveniente que esto sea.