La regla

En fin, con la regla fiscal lo que se pretende, según el gobierno, es que tanto las finanzas públicas, como la deuda pública, sean algo manejable, viable, además de que se controlen los ciclos de la política fiscal (¿no hacían esto ya las famosas medidas anticíclicas?, creo que hasta una Consejería Presidencial hay), y otras lindezas por el estilo. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de esto? Todavía me lo están explicando, con palabras técnicas y demás, pero lo que hasta ahora me va quedando claro es que, en lo que jurídicamente concierne, los derechos fundamentales -y por ende, casi cualquier derecho- serían una cosa del pasado con esta imposición. Veamos por qué.

Dentro de las modificaciones propuestas al Congreso cabe resaltar la relativa al Artículo 334 de la Constitución, al que, en virtud de la reforma aludida, se adicionarían dos incisos más, el primero de los cuales establece: "La sostenibilidad fiscal es indispensable para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho.

Por lo tanto, es un derecho de todos y es deber de todas las ramas y órganos del poder público colaborar armónicamente, dentro de sus competencias, para hacerla efectiva". ¿Qué significa esto en el campo de las decisiones judiciales? Pues que la labor de los jueces debería estar atada, con la regla fiscal, al sostenimiento del famoso equilibrio macroeconómico y otras monsergas, en claro detrimento de los derechos sociales de los colombianos.

A riesgo de parecer populista (¿o verdaderamente popular?) lo digo: con la aprobación de la regla fiscal, instrumento entrado en desuso en la mayoría de las democracias que funcionan (donde la economía no determina los derechos, sino al revés), se estaría premiando al fracasado neoliberalismo en Colombia, y con ello, se estarían socavando los derechos de todos los colombianos, puesto que el reconocimiento jurisdiccional de tales derechos se vería supeditado a la condición de que haya dineros públicos para tal efecto. Qué despropósito jurídico.

Por supuesto, el gobierno de Uribe, y ahora el de Santos (¿cuál pelea entre estos dos?), defensores de estas posturas, defienden la regla fiscal diciendo de ella que es ¡un mecanismo para el logro de los ideales del Estado Social de Derecho! Las cosas que se dicen en Colombia impunemente.

La verdad detrás de todo esto es que es muy probable que el país esté recibiendo próximamente ingentes recursos por cuenta de la explotación minera y petrolera y, ante la presunta inexistencia de una normativa que controle el gasto de las entidades del sector central, se buscaría ejercer tal control en aras del mentado ahorro; no obstante, hace un tiempo hubo una mini-bonanza petrolera y no se aplicó nada de lo que se propone ahora. ¿Habrá, realmente, otros intereses, menos patrióticos tal vez, para todo esto?