Han pasado 27 años, desde que se creó el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario en Colombia y no hemos podido llegar a financiar siquiera el 10% de los costos anuales de la producción y comercialización de los alimentos y materias primas del país.
En el año 2016, el sistema financiero colombiano desembolsó créditos al sector agropecuario (línea Finagro) por un monto de 10.3 billones de pesos, cifra que escasamente alcanza a financiar el 27% de los costos anuales del sector pecuario. Para ponerlos en contexto, producir 12.000 millones de huevos, 1.4 millones de toneladas de pollos, 6.700 millones de litros de leche, 850 mil toneladas de carne anuales y 360 mil toneladas de carne de cerdo en canal anualmente, se requiere una inversión aproximada a los 29 billones de pesos.
Tampoco es suficiente, para financiar siquiera el 50% del sostenimiento de dos millones de hectáreas de cultivos perennes (palma, café, flores, cacao, banano, caucho, forestales, caña de azúcar, frutales) y la siembra de los cultivos de ciclo corto (cereales, granos, tubérculos, frutas verduras y hortalizas) que se requieren para garantizar la seguridad alimentaria de 49 millones de colombianos. También es insuficiente, para financiar el 70% de las grandes inversiones que se requieren en la agroindustria, agrocomercio, agrotransporte y en la mecanización de cultivos.
Lo más preocupante de este sistema de financiamiento, es que, de los 10.3 billones de pesos desembolsados el año pasado, el 82% se concentró en 12 de los 32 departamentos del país, el 80% en grandes y medianas empresas y el 96% de los créditos lo colocaron sólo 10 de los 44 intermediarios financieros que existen en el país. Es decir, tenemos un sistema de crédito agropecuario que no atiende a 20 departamentos, qué excluye a 2.4 millones de pequeños productores del campo y que no es atractivo para 34 entidades financieras que existen en el país.
Claramente, esta distorsión e inequitativa irrigación del crédito agropecuario, desincentiva la producción agrícola en las zonas rurales del país, incentiva las importaciones de alimentos e incrementa el costo financiero a los productores del campo. La mayoría de estos, deben recurrir a las casas comerciales para financiar la siembra y los insumos agrícolas con tasas de interés, cuatro veces más altas que las que ofrece Finagro.
Para corregir estas fallas en el sistema de financiamiento agropecuario, es necesario que el próximo presidente de Colombia y su nuevo ministro de Agricultura, tomen por lo menos las siguientes decisiones: i) Despolitizar las entidades públicas que gestionan los recursos del crédito agropecuario para convertirlas más eficientes y menos costosas. Ello se logra, vendiendo el 50% de la participación accionaria que tiene el Estado en el Banco Agrario, Finagro, Fiduagraria y Bolsa Mercantil de Colombia, a los bancos privados que están colocando la mayoría de los créditos al sector agropecuario del país. ii) Liberar la tasa de interés y ampliar su indexación a IBR, UVR, IPC y crear una tasa de redescuento en dólares y iii) Proveer a los intermediarios financieros, a través del ministerio de Agricultura, un sistema de información actualizada de los subsectores agrícolas y pecuario del país, para que la banca pueda evaluar el riesgo, reducir tramites y costos financieros al productor.