El 27 de junio de 2017, la Onu certificó la entrega “individual” de armas por parte de las Farc. Fueron un total de 7.132 armas. Cada guerrillero entregó, “individualmente”, su arma y munición. Queda pendiente la entrega de las armas de aquellos que van a dar “seguridad” hasta el 1 de agosto de 2017 a los campamentos transitorios.
Queda también pendiente la entrega del armamento “colectivo” que se presume está en 900 caletas y del cual se desconoce su número y características. Tener 7.132 fuera de circulación es un buen logro y claramente brinda mayor tranquilidad a futuro. No obstante, la pregunta es ¿por qué la ciudadanía no está eufórica? La respuesta tiene, a mi juicio, varios sustentos. El primero es el manejo del proceso, que terminó en una distancia significativa entre lo comunicado y lo finalmente acordado.
El Gobierno, a pesar de que al final del día hizo lo que se le dio la gana, pretendió “dorarle la píldora” a la ciudadanía durante la negociación. Varios ejemplos se pueden dar. El Gobierno indicaba que no se iban a pagar sueldos. Finalmente, no solamente dieron subsidios, sino que además 1.200 guerrilleros serán parte de la Unidad Nacional de Protección con sueldo.
Al principio de la negociación era impensable que se dieran curules directas y por ello el Gobierno indicó una y otra vez que no iba a haber curules gratis, pero terminó dándolas. Se decía por parte del Gobierno que los guerrilleros iban a pagar penas de cárcel de entre 5 a 8 años. No obstante, las penas terminaron desdibujadas y los guerrilleros terminarán con simples restricciones de movilidad.
El pináculo de esta distancia entre lo comunicado y lo acordado es por supuesto el plebiscito por la paz. El Presidente una y otra vez aseguró que los colombianos iban a tener la decisión final sobre lo acordado. Y a pesar de ello, el Presidente terminó desconociendo lo decidido por el pueblo. El segundo son los tiempos de la negociación y las prebendas dadas las Farc. El Gobierno tenía su agenda de tiempos. Todo ello establecido, no para el beneficio del grueso de los colombianos, sino para compaginar la negociación con las necesidades mediáticas del Gobierno. Así, los puntos que quedaron pendientes, en la medida que se cerraba cada punto de la negociación, fueron despachados en tiempo récord.
El resultado fue que se le entregaron más cosas o prebendas a las Farc de las razonables. El tercero es la desinstitucionalización que creó el Acuerdo. En aras de blindarlo, en lugar de hacerlo a través de un gran consenso nacional, basado en lo razonable de lo pactado y en lo beneficioso para todos los colombianos, y no sólo por lo adecuado para las Farc, se pretendió amarrar la soberanía de la Nación y las decisiones de los próximos gobiernos. También se creó un engendro de jurisdicción y fiscalía especializada, ajenas a nuestra tradición jurídica y desconectadas de nuestras instituciones, que servirán de órganos de investigación y de tribunal de vendettas y absoluciones por parte de las Farc.
Igualmente, la jerarquía o alcance de esas 310 hojas generará dificultades jurídicas. La Constitución colombiana, quedó hecha trizas. Finalmente, el mensaje a los ciudadanos respecto a lo que estamos construyendo como Nación, dada cuenta la impunidad y la falta de justicia que genera el Acuerdo. Una Nación con impunidad y sin justicia implica enviar el mensaje de que el crimen paga y genera comportamientos inadecuados a futuro: delincan porque todos lo hacen y nada pasa. Así, por todas estas razones, la entrega de 7.132 armas por parte de las Farc fue tomada con apatía por parte de la ciudadanía.
En síntesis, el Gobierno vendió el ideal de la paz y la ciudadanía finalmente se dio cuenta de que la entrega de las armas y la desmovilización de las Farc no es la paz y como se hizo tiene unos costos institucionales que generan conflictos, incertidumbres y problemas a futuro.