Lo que ha pasado en el país, respecto a la financiación de las campañas políticas, está generando tsunamis muy graves.
Los cupos indicativos facilitan de manera prolija la usurpación al erario público. No existe además una estructura adecuada de carrera administrativa que evite las repartijas de puestos. Ciertamente cada torero torea con su cuadrilla, pero no puede ser que hasta el portero de la plaza sea cambiado por el torero de turno. Todo esto nos debe llevar a replantear, en su integridad, el sistema burocrático del Estado, el cual debe estar al servicio del ciudadano y a la eficiencia administrativa. Igualmente, la financiación de las campañas. Creo que lo importante no es establecer topes a las mismas, sino que se sepa exactamente quiénes son los que financian para poder tener control ciudadano en las decisiones de gobierno que pudieren llegar a favorecer a los financiadores.
Así, si alguno de los financiadores está interesado en x o y, la ciudadanía debería saberlo. Y si algún financiador termina beneficiado por una decisión de la administración, la decisión debe obedecer a criterios generales de conveniencia y nunca a intereses particulares, lo cual se puede controlar si la ciudadanía lo sabe. En este sentido, lo que está pasando en el país es que, al no contar la ciudadanía con una completa revelación, las decisiones estatales no se ven trasparentes, así estas lo sean.
Los funcionarios y los políticos pueden explicar todo lo que quieran, pero el sin sabor de la ciudadanía va a permanecer. La invitación, por lo tanto, al gobierno y a todos los partidos políticos, es que dejen de pensar en este momento en lo pasado, que deberá ser resuelto por la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral, y se concentren en hacer propuestas para cambiar la estructura política y administrativa estatal, para recuperar la confianza ciudadana. No es momento, por lo tanto, de llover sobre mojado en materia política, sino de construir instituciones fuertes que le den un norte a la ciudadanía e impidan que cualquier mequetrefe que llegue al poder pueda interrumpir el imperio de la ley y el orden institucional con la excusa de combatir la corrupción.
La corrupción no se combate con discursos retóricos y con la rasgadura de las vestiduras, sino con cambios profundos institucionales en beneficio del país y la ciudadanía y no de sectores particulares de interés. Finalmente, en el uso de los recursos públicos, existe claramente una mala programación y costeo, lo cual está colmando a la ciudadanía. No es que no haya plata, sino que se planea mal, se usa mal y se la roban, lo cual genera también incertidumbre e incredulidad. Y como si ello fuera poco, la ineficiencia y el robo se traducen en más impuestos a los ciudadanos. Así no hay bolsillo que aguante.