¿Periodismo objetivo?

Para empezar, no soy periodista ni pretendo serlo. De hecho, respeto profundamente al periodismo serio y ético. Soy, simplemente, un opinador con el privilegio de ocupar un espacio en este importante diario. Sin embargo, periodistas y opinadores les debemos el mayor respeto a nuestros seguidores.

Desde el titular de una noticia o desde una columna de opinión hasta las conclusiones, pasando por el lenguaje, la estructura y el contenido de la publicación, se requiere máxima rigurosidad y respeto. La ligereza y la superficialidad son enemigos implacables de la verdad y la razón, pudiendo causar daños irreparables. En caso del periodismo investigativo, se exige total rigor científico: las consecuencias de un informe periodístico son imprevisibles. Por otra parte, el sensacionalismo se apalanca en magnificar noticias, veraces o falsas, con titulares llamativos y fotografías provocadoras para captar prosélitos.

Según los códigos de ética periodística, el comunicador oscila entre el derecho del público a información objetiva y el deber del periodista de suministrarla de manera responsable y profesional. Los gobiernos deben garantizar la libertad de prensa, sin olvidar el respeto por la dignidad de las personas y por los derechos humanos. El periodismo de buena fe define cómo presentar las noticias, el derecho a la réplica y a la rectificación, entre otros asuntos centrales. La responsabilidad de los medios de comunicación es definitiva en la presentación y divulgación de las noticias, tanto que actualmente es requisito sine qua non para ellos contar con defensores de su audiencia. Antonio Bohórquez, docente de la Universidad del Norte, afirmaba en 1998 que “el fin último del código de ética profesional del periodista es respetar y proteger no solo a la sociedad, al hombre, al ciudadano, sino también a los medios y a quienes tienen aquella como parte de su vida o forma de subsistencia”. Magnífico compendio.

En la última semana, un influyente medio televisivo desató un debate referente al ejercicio de la cirugía plástica en Colombia, de contenidos cuestionables y, al parecer, sin debida comprobación de muchas acusaciones. El “síndrome de la chiva” apareció, y otros medios de alta audiencia, usando el mismo formato, replicaron la noticia en horarios, emisiones y medios escritos de alta sintonía, descalificando a los profesionales afectados sin que conociéramos la otra cara de la noticia, cuyo contenido parece contar con imprecisiones, verdades a medias y, posiblemente, falsedades. Desde luego, cualquier acto médico debe estar regido por los mayores estándares de ética y calidad que, naturalmente, la profesión y sus especialidades imponen, y los pacientes tienen todo el derecho a una atención profesional óptima, a reclamar en los casos pertinentes y a llevar ante las autoridades correspondientes aquellos casos en que sienta vulnerados sus derechos o se considere víctima de una mala atención. También, existe el derecho y el deber ciudadano de la denuncia, pero siempre con las pruebas correspondientes. El tema de la cirugía plástica es sensible y, cuando se hacen denuncias de posible mala atención, es menester diferenciar los sitios y profesionales idóneos de lugares no autorizados o gentes incompetentes, casi nunca médicos.

Legalmente, estos asuntos deben ser definidos por las autoridades competentes: académicas, civiles, penales o disciplinarias, no por los medios de comunicación que, en algunos casos, usurpan la acción de los tribunales. En esta ocasión, y hasta donde he seguido la noticia, no hubo derecho a la defensa, réplica, ni rectificación de contenidos por parte de los afectados. Como ciudadano del común, me pregunto: ¿por qué no se verificó previamente ante las autoridades y los centros académicos respectivos la existencia, legalidad y validez de los títulos cuestionados, así como su competencia profesional ante la ley vigente? ¿Pusieron sus reflectores en otros objetivos, o sólo enfocaron a los señalados? ¿Hay oscuras intencionalidades, apoyadas por algunos medios de comunicación? En otras palabras, se omitió considerar la otra cara de la noticia y, todo indica, se violaron códigos éticos periodísticos.

Repito, soy un simple observador de los acontecimientos sociales: como usted, apreciado lector, puedo tener mi propia opinión, pero jamás los medios de comunicación deben convertirse en acusadores sin pruebas o condenar a modo de tribunales judiciales. Dejemos que las autoridades competentes hagan su trabajo y, luego de las decisiones judiciales respectivas, opinemos libremente. Como lo dicen la ética, la ley la razón. Lo demás, es amarillismo y afán de destrucción.

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