En lo corrido del 2024, el Distrito, a través de la Alta Consejería para la Paz han brindado asistencia inmediata a 89 familias víctimas de desplazamiento.
En un trabajo conjunto entre el Ministerio Público, la Unidad para las Víctimas, y el Distrito de Santa Marta, se realizó una evaluación sobre el último desplazamiento masivo ocurrido en el departamento del Magdalena.
Aproximadamente 38 familias provenientes de Pueblo Viejo, afectadas por el desplazamiento, recibieron atención humanitaria inmediata recientemente; medidas que incluyeron alojamiento digno, alimentación, traslados urgentes, orientación jurídica y primeros auxilios psicológicos, garantizando el bienestar de los desplazados en su momento de emergencia.
La Alta Consejería para la Paz, las entidades que conforman el Ministerio Público y la Unidad de Atención para las Víctimas realizaron una reunión de evaluación del último desplazamiento masivo, concluyendo que la respuesta interinstitucional fue oportuna y garante de la atención para las víctimas.
Durante la reunión, se emitió una recomendación importante: mejorar las acciones complementarias y la articulación por parte de la Gobernación del Magdalena. Esta medida busca evitar situaciones que puedan obstaculizar la función pública en la atención a las víctimas, y así asegurar que la respuesta humanitaria sea aún más eficiente en el futuro.
En lo corrido del 2024, el Distrito, a través de la Alta Consejería para la Paz y el Posconflicto, ha brindado asistencia inmediata en modalidad de: alojamiento, traslado urgente, alimentación, orientación jurídica y psicológica, a las víctimas de tres desplazamientos masivos.
En el mes de mayo con 23 hogares provenientes del municipio de Aracataca, en agosto con 28 familias provenientes del sur del departamento de Bolívar y recientemente en noviembre con 38 hogares provenientes del municipio de Pueblo Viejo, Magdalena.
Sin embargo, existe preocupación por el riesgo de victimización en el departamento del Magdalena, por lo que se solicitó a la Defensoría del Pueblo evaluar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en las Alertas Tempranas que advierten amenazas para los derechos humanos derivadas de la presencia y disputa de actores al margen de la Ley.
