Un nuevo proceso de investigación abrió la Procuraduría General de la Nación al alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, y a funcionarios por determinar de la administración distrital, por presuntas irregularidades en el cumplimiento de las normas que regulan el Plan de Inversiones Colectivas, PIC.
Los hechos investigados por la Procuraduría Regional de Magdalena se relacionan con la posible omisión en la que pudo incurrir la administración al no contratar con el Estado, a través de la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend, los servicios básicos de salud en la ciudad.
El Ministerio Público le solicitó a la alcaldía un informe detallado del estado actual de la contratación de los servicios médicos, así como de la ejecución del Plan de Intervención Colectiva en la ciudad.
