El Distrito de Santa Marta, acaba de ser exonerado de pagar una suma cercana a los 28 mil millones de pesos, que reclamaba la empresa concesionaria del Mercado Público de la ciudad por cuenta de la cuestionada concesión otorgada por la entonces administración de Hugo Gnecco.
En el año 2002, la Alcaldía Distrital, entregó en concesión a una empresa privada tres inmuebles de uso público – lo que estaba prohibido por la Constitución de 1991- que pertenecían a la ciudad para que allí se construyera el nuevo Mercado Público.
Los vendedores y compradores del Mercado, durante más de una década, comercializaron los productos en la calle, sin las debidas condiciones de higiene, seguridad y salubridad, poniendo en riesgo la salud y el medio ambiente.
Luego el Distrito emprendió acciones legales en contra de la concesión y logró, en el 2015, que la justicia administrativa decretara medidas cautelares con lo que se permitió tomar posesión de los inmuebles y de la infraestructura construida por la empresa contratista. Finalmente, luego del debate judicial, en el curso de una acción popular, se logró que los bienes de uso público se reintegraran al Distrito – que recuperó su propiedad- y además se puso fin a dicho contrato.
La empresa concesionaria, como consecuencia de lo anterior, demandó a la Alcaldía de Santa Marta y pidió el pago de indemnización de perjuicios por una suma superior a los 32 mil millones de pesos.
El Distrito, enfiló baterías y luego de una férrea defensa de lo público, logró que la indemnización finalmente reconocida por la justicia arbitral fuera por una suma cercana a los 5 mil millones de pesos, como reconocimiento de los costos en que incurrió el contratista en el diseño y construcción de la edificación donde actualmente funciona el Mercado y en la que además, se descontó lo pagado por la Administración al contratista, por cuenta de un fallo arbitral proferido en el año 2005 y por el que se pagó en el año 2009 una suma aproximada actualizada de 12 mil millones de pesos.
Pese al millonario pago que la administración de Juan Pablo Diazgranados le hizo en el 2009 a la concesión del Mercado Público, la alcaldía, esta vez, logró con el reciente fallo, que esa indemnización se descontara del total de la nueva reclamación económica que presentó el contratista y con ello, la ciudad, se ahorró el pago de más de 12 mil millones de pesos.
Por cuenta de esta decisión judicial, se logró que el Distrito se ahorrará más de 28 mil millones de pesos que pretendía el contratista, al igual que la ciudad recuperó la propiedad de tres predios que estaban en manos de particulares en contra de una clara prohibición constitucional y además, se logró finalmente adecuar y poner en condiciones de funcionamiento la actual sede del Mercado Público, que es propiedad de todos los samarios y samarias.
