El exmandatario José Ramiro Bermúdez Cortés (2020-2023) y cuatro exfuncionarios más son señalados de posibles cambios irregulares en los diseños originales de la obra, que pasó de una estructura de cuatro carriles a una de solo dos, generando dudas sobre la transparencia del contrato.
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el exalcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cortés (periodo 2020-2023), por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato destinado a la construcción de un puente sobre la desembocadura del río Ranchería, en la avenida Primera de la capital de La Guajira. Junto al exmandatario también fueron vinculadas otras cuatro personas que habrían tenido participación en el proceso contractual.
De acuerdo con el ente de control, los otros investigados son el exsecretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Samir José Cardozo Solano; el entonces supervisor del contrato, Ronald Neil Pérez Ojeda; la representante legal del consorcio interventor Geo-Terra, Vianey Lara Castro; y el supervisor del convenio marco que financió la obra, Francisco Atilano. Todos deberán responder por las presuntas anomalías detectadas en las etapas de planeación, contratación y ejecución del proyecto.
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La investigación preliminar apunta a que durante la ejecución del contrato se habría presentado un cambio sustancial en los diseños originales del puente, que inicialmente contemplaba una estructura de cuatro carriles con andenes y ciclorruta. Sin embargo, el proyecto habría sido modificado para construir una estructura más pequeña, de solo dos carriles, eliminando componentes clave del diseño inicial bajo el argumento de una supuesta inviabilidad financiera.
Adicionalmente, la Procuraduría indaga un posible conflicto de intereses por parte del entonces secretario de Infraestructura, Samir José Cardozo, quien presuntamente entregó los estudios y diseños a la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENterritorio) mientras figuraba como representante legal y socio de la firma que suministró los planos arquitectónicos utilizados en la contratación. Esta doble participación podría comprometer la transparencia del proceso.
Otro punto de atención en la investigación es el papel de la interventoría, a cargo del consorcio Geo-Terra, que habría suministrado los nuevos estudios y diseños que hoy se ejecutan. Para el órgano de control, esta actuación “desdibuja su rol de vigilancia y control, al supervisar sus propios estudios y comprometer su independencia técnica frente al contrato de obra”, lo que representaría un posible conflicto de intereses.
La Procuraduría explicó que, con la apertura formal de la investigación, se busca determinar si los implicados incurrieron en faltas disciplinarias que afecten el patrimonio público y la planeación de una obra considerada clave para la movilidad de Riohacha. En los próximos días, el organismo de control continuará la práctica de pruebas y la recolección de testimonios para establecer las responsabilidades individuales y definir las posibles sanciones a las que haya lugar.
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Este caso se suma a otros procesos de vigilancia que adelanta el Ministerio Público en La Guajira, donde se han identificado inconsistencias en proyectos de infraestructura financiados con recursos públicos, en especial aquellos que impactan de manera directa a la ciudadanía y a la planeación urbana de la región.
