La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que llevará el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que haga un seguimiento de la respuesta del Estado colombiano.
La Policía Nacional sería responsable de 11 de las 14 muertes de civiles ocurridas durante las protestas de septiembre de 2020 en Bogotá y el vecino municipio de Soacha, concluyó un informe académico presentado este lunes en la Alcaldía de Bogotá.
Según el informe, el 9 y 10 de septiembre de 2020, la Policía "reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad, en la atención de las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y Soacha", donde hubo protestas por el asesinato de Javier Ordóñez en un procedimiento policial.
"El uso ilícito de las armas de fuego por parte de algunos miembros de la institución produjo una masacre que cobró las vidas de 11 jóvenes en idénticas circunstancias y en un corto lapso temporal", señala la investigación encabezada por el exdefensor del Pueblo de Colombia Carlos Negret.
El documento recuerda que las protestas de los jóvenes comenzaron por el asesinato en Bogotá la madrugada del 9 de septiembre de Ordóñez, un taxista de 46 años, que fue brutalmente sometido en una calle por dos policías que intentaron detenerlo y descargaron de manera prolongada sobre él una pistola eléctrica Táser durante su arresto en Bogotá.
El informe de 177 páginas también asegura que la "masacre ocurrió ante la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes, en un contexto social complejo y de alta tensión que requería un decidido liderazgo político y operativo, en los niveles nacional y distrital, fundado en los derechos para evitar su ocurrencia".
Los barrios más afectados por la "escalada de violencia y violaciones a los derechos humanos" fueron Usaquén (tres homicidios), Suba (cinco), Engativá (dos), Kennedy (uno) y el municipio de Soacha (tres).
Según la relatoría, la brutalidad policial "se encarnizó" contra jóvenes de sectores populares de Bogotá y Soacha y el resultado deja ver que "existe una criminalización de la pobreza por parte de la fuerza pública".
Las víctimas, cuyas edades oscilaban entre los 17 y 27 años, tenían en común que eran de estratos pobres y que todos llegaron a Bogotá en busca de mejores oportunidades de educación y trabajo. Esas características, dice el informe, proponen una "reflexión sobre si la Policía tiene un comportamiento más represivo y autoritario con los ciudadanos de bajos recursos".
