El procesado por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Santa Marta deberá responder por los delitos de administración desleal, falsedad en documento privado y ocultamiento de documentos, que le fueron imputados por la Fiscalía.
Luego de culminada la etapa de audiencias concentrada en contra de Hernando Fajid Alvarez Yacub, en las que la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de administración desleal, falsedad en documento privado y ocultamiento de documentos, por el caso de la administración del cementerio San Miguel de Santa Marta, quedó debidamente vinculado al proceso por lo que deberá ir a juicio.
La determinación fue adoptada por el Juzgado Cuarto Penal Municipal tras avalar las pruebas presentadas por parte del ente investigador, que ahora pasan al despacho del juez de Conocimiento, quien declarara si el imputado es responsable penalmente o no.
El abogado Diego Duque, apoderado de la Diócesis de Santa Marta, dijo a EL INFORMADOR que en lo referente a lo que se había solicitado por parte de sus representados, de prohibirle la entrada a Alvarez Yacub a las instalaciones de campo santo, el juez se abstuvo en imponerla fundamentado en dos razones.
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“Una de dichas razones, el juez determinó que no había razones en su criterio para prohibirle el ingreso al lugar, y que se tenía que avanzar en la investigación para que se declarara si era o no responsable penalmente. Y en segundo lugar, que no estaba para el claro, en detalles, en qué condiciones, o específicamente qué era de lo que se había apropiado”, dijo el abogado Duque.
La imputación
El jurista argumentó que, en lo de la imputación, esta quedó en firme, pero lo de las medidas de protección estas fueron negadas a las víctimas, por lo que el procesado seguirá en la administración del cementerio hasta que el juez de Conocimiento en el juicio que está en fecha por definir, decida algo diferente.
“Ya será el juez de segunda instancia quien decida si confirma o revoca o la determinación, pero lo que sí está seguro es que deberá ir a juicio, y allí vamos a buscar que sea condenado y lograr la restitución del cementerio a su legítimo dueño que es la Diócesis de Santa Marta”, concluyó el abogado.
