La Procuraduría General de la Nación formula pliego de cargos contra exfuncionarios municipales.
Por primera vez en la historia, un alcalde es acusado disciplinariamente por no haber protegido a una lideresa social asesinada. La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliego de cargos contra el exalcalde de Tierralta, Fabio Leonardo Otero Avilés, y el exsecretario de Gobierno, Willingtón Ortiz Naranjo, por su presunta responsabilidad en la muerte de María Pilar Hurtado Montaño, ocurrida el 21 de junio de 2019.
María Pilar Hurtado Montaño fue asesinada frente a su hijo en Tierralta, Córdoba, en un trágico incidente que conmocionó a la comunidad. El alcalde y el secretario de Gobierno de ese municipio durante el período de 2014 a 2019 fueron imputados por desatender las denuncias de la lideresa frente a las amenazas contra su vida.
Además, se ha planteado un posible conflicto de intereses en el caso. El predio que la lideresa asesinada reclamaba era de propiedad del padre del alcalde investigado, lo que ha generado sospechas sobre posibles irregularidades en la actuación de las autoridades municipales.
El crimen de María Pilar Hurtado Montaño se dio a conocer a nivel nacional e internacional después de que se difundiera un video en el que se observa a su hijo, un menor de edad, sumido en llanto y gritos de dolor tras presenciar el asesinato de su madre.
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Según las pruebas analizadas por el Ministerio Público, entre ellas testimonios de personas relacionadas con el Clan del Golfo, se sospecha que el homicidio de Hurtado fue ordenado por un comandante de ese grupo ilegal como represalia por la ocupación del predio en disputa.
La Procuraduría ha determinado que Hurtado era una reconocida lideresa social para la administración municipal y había asistido oficialmente a al menos una reunión convocada por el alcalde, desacreditando así las acusaciones de extorsión que habrían intentado justificar su asesinato.
Los cargos imputados al exalcalde Otero Avilés y al exsecretario de Gobierno Ortiz Naranjo están relacionados con su omisión en el cumplimiento de sus deberes como autoridades del municipio. Se les acusa de no haber diseñado estrategias ni tomado las medidas necesarias para mantener el orden público y proteger la vida y los derechos de la lideresa social.
Adicionalmente, el exalcalde Otero Avilés enfrenta un segundo cargo por posible conflicto de intereses al haber intervenido, ya sea por acción u omisión, en un asunto en el que su padre tenía un interés particular y directo, como era la invasión del predio de su propiedad.
Estas faltas han sido calificadas preliminarmente como graves, a título de culpa gravís
ima, debido a la desatención elemental de las obligaciones y funciones por parte de los exfuncionarios municipales.
La Procuraduría General de la Nación continuará con el proceso disciplinario correspondiente para determinar la responsabilidad de los acusados y las sanciones a las que podrían enfrentarse en caso de ser encontrados culpables. La comunidad espera que este caso marque un precedente en la protección de los líderes sociales y promueva la justicia en situaciones similares en el futuro.
