Intervienen por extorsión 22 cárceles, una de estas fue la de Santa Marta

De acuerdo con los elementos de prueba, con los equipos que se comercializaban clandestinamente se hicieron varias llamadas extorsivas y amenazas contra ciudadanos de diferentes ciudades.

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En la ofensiva fue desarticulada una red delincuencial de la que harían parte funcionarios del Inpec.
Los análisis realizados por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para la Seguridad Ciudadana, dan cuenta de que muchas de las modalidades de extorsión y estafa se estarían generando desde los centros carcelarios del país, pese a los controles y la disposición de plataformas tecnológicas por parte de las autoridades penitenciarias.

Es así como la Fiscalía, en una acción investigativa conjunta con el Gaula de la Policía Nacional y el Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, puso en marcha una ofensiva para cerrarle el paso a este fenómeno delincuencial y atacarlo desde su origen.

Durante una semana se realizaron diligencias de allanamiento y registro en 22 establecimientos carcelarios, en Bogotá y 19 departamentos. En los procedimientos fueron hallados 423 celulares, 900 sim card, 8 micro SD, 7 USB, 191 cargadores y 549 armas blancas.

La ofensiva se cumplió en las cáceles ‘Rodrigo Bastidas’ de Santa Marta, Bella Vista y Pedregal en Antioquia; El Bosque y La Modelo en Atlántico; La Modelo y Picota en Bogotá; El Barne y Cómbita en Boyacá; Villavicencio y Acacías en Meta; La Modelo y Palo Gordo en Santander; La Ternera en Bolívar, Doña Juana en Caldas; La Judicial, en el Cesar; Las Mercedes en Córdoba, La Pola en Cundinamarca; Buchely en Nariño; La 40 en Risaralda; La Vega en Sucre y Picaleña en Tolima.

En la jornada investigativa y judicial fueron capturados siete presuntos integrantes de una organización denominada ‘Los Carceleros’, señalada de delinquir en Villavicencio.
Entre los detenidos hay 5 funcionarios del Inpec, quienes serían los encargados de ingresar a los centros carcelarios celulares, sim card y elementos tecnológicos, los cuales eran vendidos a los internos entre $200.000 a $500.000.

De acuerdo con los elementos de prueba, con los equipos que se comercializaban clandestinamente se hicieron varias llamadas extorsivas y amenazas contra ciudadanos de
diferentes ciudades de Colombia.

Un fiscal especializado Gaula imputó a estas siete personas por el delito de extorsión consumada en concurso heterogéneo y sucesivo. Por disposición del juez de control de
garantías los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad.




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