El Ministerio Público también abrió proceso disciplinario contra el entonces secretario de Gobierno, al considerar que habrían omitido acciones para garantizar la atención de personas privadas de la libertad entre 2022 y 2023.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Dosquebradas, Jorge Diego Ramos Castaño, y el entonces secretario de Gobierno, **Juan Carlos Sepúlveda Montoya>, por presuntas omisiones en el cumplimiento de su deber de garantizar el servicio público de detención para personas privadas de la libertad en calidad de sindicadas.
De acuerdo con el órgano de control, los hechos investigados corresponden al período comprendido entre las vigencias 2022 y 2023, cuando, presuntamente, las autoridades municipales no adelantaron las acciones necesarias para asegurar la prestación de este servicio en el municipio risaraldense.
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Se investiga la falta de un centro de detención transitoria
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira indicó que, al parecer, ambos funcionarios, pese a contar con recursos aprobados desde 2021 por el Comité de Orden Público, no realizaron las gestiones que les correspondían para construir o adecuar un Centro de Detención Transitoria.
Según la investigación disciplinaria, tampoco habrían promovido la celebración de un contrato o convenio con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), alternativa contemplada en la ley para que las entidades territoriales garantizaran la custodia de personas sindicadas en ausencia de una infraestructura propia.
Para el Ministerio Público, esta situación habría afectado el cumplimiento de las obligaciones legales que recaían sobre la administración municipal en materia de servicio público carcelario.
La Procuraduría calificó la presunta conducta como falta grave
El ente de control sostuvo que Jorge Diego Ramos Castaño, en su condición de representante legal del municipio, y Juan Carlos Sepúlveda Montoya, como secretario de Gobierno encargado de liderar la solución de esta problemática, habrían incumplido los deberes inherentes a sus funciones.
Por ello, la Procuraduría calificó de manera provisional la posible conducta de ambos exfuncionarios como una falta disciplinaria grave cometida a título de culpa grave, dentro del proceso que continuará con las etapas previstas en el procedimiento disciplinario.
Con la formulación del pliego de cargos se inicia una nueva fase del proceso, en la que los investigados tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas y argumentos que consideren pertinentes antes de que se adopte una decisión de fondo.
