El alto tribunal concluyó que varios pronunciamientos del mandatario podrían constituir participación política de cara a las elecciones presidenciales.
La Sección Quinta del Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro abstenerse de difundir mensajes que puedan interpretarse como propaganda electoral, luego de considerar que algunos pronunciamientos y publicaciones realizadas por el mandatario vulnerarían las restricciones establecidas para los servidores públicos durante periodos preelectorales.
La decisión se produjo tras estudiar una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, FEDE Colombia, que señaló presuntas irregularidades en publicaciones y discursos emitidos por el jefe de Estado y por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre.
Según el alto tribunal, algunos mensajes divulgados por Petro en discursos públicos y en su cuenta de la red social X tendrían un contenido orientado a respaldar proyectos políticos y escenarios electorales futuros, situación que podría constituir participación política indebida.
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Entre los elementos analizados por los magistrados se encuentra un discurso pronunciado por el mandatario en Ibagué durante octubre de 2025, así como varios trinos relacionados con encuestas electorales y decisiones sobre la personería jurídica del Pacto Histórico.
En uno de los mensajes citados por el Consejo de Estado, el presidente hacía referencia a la continuidad de un “proyecto democrático” y al futuro político del país, lo que, según la corporación, podría interpretarse como una manifestación con intención electoral.
La Sección Quinta concluyó que el presidente, en calidad de servidor público de elección popular, debe cumplir las restricciones establecidas en la Ley 996 de 2005, la cual prohíbe utilizar canales institucionales o pronunciamientos oficiales para favorecer o afectar candidaturas, partidos o movimientos políticos.
La decisión se conoce a pocos días de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 31 de mayo y se suma a otras actuaciones disciplinarias y judiciales relacionadas con presunta participación política de funcionarios del Gobierno Nacional.
