El ente de control estableció que la falta de suministro de un medicamento vital por falta de pagos a las Ips provocó el fallecimiento del paciente en febrero pasado.
La Procuraduría General de la Nación entregó un informe determinante sobre las circunstancias que rodearon la muerte del menor Kevin Arley Acosta Pico, quien padecía hemofilia y falleció el pasado 13 de febrero.
Según los hallazgos del ente de control, el deceso fue consecuencia directa de una omisión por parte de la Nueva Eps, entidad que no garantizó la entrega oportuna del medicamento Emicizumab, indispensable para el tratamiento de su condición clínica. La investigación técnica reveló que la falta de este suministro farmacológico puso al niño en una situación crítica que finalmente resultó irreversible.
Falla en la cadena de atención
El historial de negligencia documentado por el Ministerio Público señala que Kevin Arley permaneció cerca de dos meses sin recibir su tratamiento debido a una ruptura en la cadena de atención. Inicialmente, la Ips Medicarte suspendió el servicio a sus pacientes argumentando la falta de pagos por parte de la Nueva Eps.
Ante esta situación, se pretendía que la Ips Integral asumiera la atención de estos usuarios, sin embargo, dicha institución tampoco pudo cumplir con el compromiso debido a que la Eps tampoco le giró los recursos económicos necesarios para operar. Esta parálisis administrativa provocó que, al momento de su fallecimiento, el menor ni siquiera estuviera asignado a una Ips específica.
Riesgo para miles de pacientes
La gravedad del caso trasciende el fallecimiento de Kevin Acosta, pues la Procuraduría alertó que otros 2.000 pacientes que se encontraban adscritos a Medicarte e Integral están actualmente en una situación de alto riesgo, en la que carecen de una atención médica asegurada y enfrentan el mismo peligro de interrupción en sus tratamientos vitales por las deficiencias financieras y administrativas de la Nueva Eps. Además, advierte que la desprotección de esta población es inminente si no se toman medidas correctivas de fondo en la asignación y flujo de recursos.
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Investigación contra el interventor
Como consecuencia de estos hallazgos, el ente de control tomó determinaciones jurídicas de carácter inmediato. En primer lugar, se abrirá una investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, quien se desempeña como interventor de la Nueva Eps, para evaluar su responsabilidad en la gestión de estos servicios.
Paralelamente, la Procuraduría compulsará copias de todo el expediente a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se inicien las investigaciones penales correspondientes contra las personas que, por acción u omisión, resulten responsables de la pérdida de la vida del menor.
