Un nuevo proyecto busca que los estratos 1 y 2 paguen tarifas más justas, priorizando las zonas rurales y con mayores dificultades económicas.
El objetivo principal es cerrar la brecha de desigualdad que existe en el país, especialmente en el campo y en barrios donde, históricamente, ha sido difícil prestar un buen servicio o donde los usuarios enfrentan mayores problemas para pagar sus facturas.
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Esta iniciativa se basa en el principio de progresividad, lo que significa que quienes tienen menos recursos económicos recibirán un alivio real en sus recibos mensuales. Según explicó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la idea es corregir una situación de décadas en la que se ha dado un trato similar en el mercado a personas con capacidades económicas muy distintas.
Con este cambio, las empresas comercializadoras tendrían las herramientas para ajustar sus esquemas de cobro, priorizando siempre a la población más vulnerable.
Además de ayudar al bolsillo de las familias, el Gobierno asegura que esta medida servirá para que el servicio de energía sea más estable y de mejor calidad en las regiones apartadas. Al reconocer las particularidades técnicas y sociales de cada territorio, se busca que el sistema sea sostenible a largo plazo.
Actualmente, la propuesta se encuentra abierta para que empresas, autoridades y ciudadanos den su opinión, asegurando así que la decisión final sea participativa y beneficie a quienes enfrentan las mayores barreras para acceder a este servicio esencial.
