Gobierno decreta alivios económicos en facturas de energía para damnificados por frente frío

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Los hogares afectados ubicados en ocho departamentos, incluido Magdalena, no pagarán el servicio hasta que sus viviendas sean seguras y podrán prorrogar deudas previas sin intereses.

A través de la expedición del decreto 0214 de 2026, el Gobierno nacional implementó un paquete de medidas extraordinarias destinadas a mitigar el impacto económico de las familias damnificadas por el fenómeno de frente frío.

Esta normativa establece que los usuarios cuyas viviendas hayan resultado destruidas o con averías graves no estarán obligados a cancelar las facturas de energía por consumos posteriores a la declaratoria de emergencia, manteniéndose esta exención hasta que los inmuebles cuenten con las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para recibir el servicio de forma óptima.

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Además de la suspensión del cobro corriente, el decreto estipula un alivio para las deudas acumuladas antes del desastre. Las empresas prestadoras del servicio público deberán permitir que los usuarios afectados difieran los saldos correspondientes al ciclo de facturación anterior en un plazo mínimo de 12 meses.

En situaciones donde se requiera la reposición de equipos eléctricos o el arreglo de acometidas dañadas, este plazo podrá extenderse hasta los 36 meses, garantizando en todos los casos que no se generen intereses por mora o financiación.

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Esto impacta directamente a las comunidades de los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, regiones que han reportado los mayores daños en su infraestructura eléctrica debido a las intensas lluvias e inundaciones.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, enfatizó que la prioridad del Estado es permitir que las familias enfoquen sus recursos en la reconstrucción de sus hogares sin la presión del pago de servicios públicos esenciales durante la crisis.

Finalmente, el decreto no solo se limita al alivio financiero de los hogares, sino que también establece una hoja de ruta para la recuperación del sistema eléctrico nacional. La normativa ordena priorizar los recursos del sector para agilizar el restablecimiento del fluido en las zonas de calamidad y facilitar la reconstrucción de las redes afectadas. 

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