El presidente de la corporación, magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez, junto a los jefes de los organismos de control y la Registraduría, reafirmaron el compromiso de asegurar un proceso libre de coacciones y con resultados verificables.
En un encuentro clave para la estabilidad democrática del país, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia recibió este miércoles al registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo; el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco; la defensora del pueblo, Iris Marín, y el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, para evaluar las condiciones de seguridad y transparencia de cara a la jornada electoral del 8 de marzo
Durante la sesión, los funcionarios coincidieron en que la legitimidad del sistema democrático colombiano no solo depende de los resultados finales, sino de la confianza ciudadana en los procedimientos y en el trabajo de quienes los supervisan.
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En este sentido, se reafirmó que la organización electoral es un pilar fundamental del Estado de derecho que debe ser protegido frente a cualquier amenaza.
Garantías, legalidad y participación informada: la Sala Plena de la @CorteSupremaJ encabezada por su presidente magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez se reunió con los jefes de @DefensoriaCol, @PGN_COL, @Registraduria y @CGR_Colombia para examinar las garantías para las… pic.twitter.com/LRfUG2kimk
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) March 5, 2026
El presidente de la Corte Suprema, magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez, subrayó que el objetivo principal es asegurar que los ciudadanos acudan a las urnas con plena libertad y sin restricciones. Asimismo, enfatizó que es deber del Estado proteger el derecho de los candidatos a participar en igualdad de condiciones y garantizar que la voluntad popular sea respetada sin cuestionamientos.
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Ante el panorama actual de polarización, el magistrado hizo un llamado especial a la ciudadanía para que acuda a fuentes de información verificadas, evitando caer en noticias falsas que puedan distorsionar el proceso.
Finalmente, las instituciones se comprometieron a actuar con máxima celeridad ante cualquier denuncia sobre delitos electorales o presiones indebidas, con el fin de mantener la integridad del proceso democrático.
