Tras la suspensión provisional hecha por el Consejo de Estado al aumento del 23,7%, el mandatario en alocución nacional ratificó su hoja de ruta económica y convocar a las bases populares a defender el incremento en las calles.
El presidente Gustavo Petro se dirigió al país en alocución oficial para fijar su postura frente a la reciente suspensión provisional del decreto que aumentó el salario mínimo. Lejos de retroceder, el jefe de Estado reafirmó que su administración no cederá en la búsqueda de lo que denomina un "salario vital", asegurando que la medida no solo es una promesa de campaña, sino un mandato constitucional para proteger el poder adquisitivo de los más vulnerables.
El punto de quiebre fue la decisión del Consejo de Estado de pausar los efectos del decreto emitido a finales de 2025. Sin embargo, Petro defendió la solidez técnica de su decisión, citando informes internacionales que, según sus palabras, demuestran que el mercado laboral colombiano mantiene una estructura sólida pese a los temores de inflación.
"Cumplir la Constitución no es opcional", enfatizó el mandatario, argumentando que el aumento del 23,7% es la herramienta necesaria para cerrar la brecha social en un contexto de elecciones y tensiones políticas. Incluso, dejó la puerta abierta a que el nuevo decreto transitorio que ordenó el tribunal pueda mantener o incluso ajustar la cifra según "nuevas realidades económicas".
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Petro fue enfático al convocar a la ciudadanía a una movilización nacional este jueves 19 de febrero. Para el presidente, la discusión ha pasado de los escritorios judiciales a la plaza pública, donde espera que "la fuerza del pueblo trabajador" respalde su visión de justicia social.
Paralelamente, el discurso incluyó una invitación al sector privado a reabrir una mesa de diálogo para alcanzar un pacto que permita sostener el salario en los $2 millones de pesos (incluyendo auxilio de transporte), sugiriendo que el empresariado puede encontrar en el Gobierno caminos de alivio financiero si se prioriza la estabilidad de los trabajadores.
Con un plazo de ocho días para emitir un nuevo decreto, el Gobierno se encuentra en una carrera contra el tiempo. Mientras la oposición advierte sobre posibles riesgos inflacionarios y pérdida de empleos, el oficialismo apuesta por un golpe de opinión que valide su modelo económico antes de que los tribunales tomen una decisión de fondo.
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Por ahora, la instrucción para las empresas es clara desde la Casa de Nariño: los pagos de nómina deben seguir reflejando el aumento acordado inicialmente, mientras se resuelve el complejo ajedrez institucional que hoy tiene en vilo el bolsillo de millones de colombianos.
