El magistrado Miguel Polo Rosero fue asignado para evaluar la declaratoria de emergencia económica. La norma busca aliviar los estragos causados por el frente frío en Córdoba y otras siete regiones.
La reciente declaratoria de emergencia económica, social y ecológica por parte del Gobierno nacional, a través del Decreto 0150 de 2026, llegó a manos de la Corte Constitucional. El alto tribunal anunció el inicio de la revisión del documento para determinar si la medida se ajusta a la Carta Política.
La emergencia fue decretada por 30 días calendario a raíz del frente frío ocurrido a comienzos de este mes, el cual ocasionó lluvias e inundaciones en el departamento del Chocó y la región Caribe, especialmente en Córdoba, que sufrió los mayores estragos.
Para el proceso de análisis de la declaratoria, se asignó al magistrado Miguel Polo Rosero. Dicha revisión constituye un acto obligatorio por ley cuando el Gobierno invoca facultades extraordinarias.
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Cabe resaltar que, una vez iniciada la revisión, el decreto se mantendrá en vigencia hasta tanto no se tome una decisión de fondo. Si se declara exequible, se regirá sin ningún tipo de impedimento.
El Gobierno nacional enfatizó que el objetivo del Decreto 0150 de 2026 es recaudar alrededor de $8 billones para atender urgentemente las problemáticas generadas por este fenómeno climático.
