El gremio de la construcción alertó que la medida podría encarecer la vivienda, presionar la inflación y afectar el empleo formal en el país.
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) expresó su preocupación frente al incremento del salario mínimo decretado de manera unilateral por el Gobierno Nacional para 2026, al considerar que la decisión carece de suficiente sustento técnico y rompe el principio de concertación social.
Según el gremio, el aumento no guarda relación con la inflación ni con el comportamiento de la productividad, lo que genera presiones adicionales sobre los precios y afecta distintos sectores de la economía. Camacol advirtió que el salario mínimo funciona como una variable de indexación para múltiples costos, entre ellos tarifas, servicios, aportes a la seguridad social y, de manera sensible, el precio de la vivienda de interés social (VIS).
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En el caso específico del sector de la construcción, intensivo en mano de obra, el impacto sería inmediato. El incremento salarial eleva los costos directos por el mayor valor de la mano de obra, que representa cerca de una cuarta parte de los costos de obra, además de efectos indirectos sobre insumos, transporte y servicios. Estimaciones preliminares del gremio señalan que los costos totales de construcción podrían aumentar cerca de un cuatro por ciento.
Camacol también alertó que, al estar el precio de la vivienda de interés social atado al salario mínimo, el ajuste incrementa automáticamente su valor máximo, reduciendo la asequibilidad y dejando por fuera del mercado a miles de hogares, especialmente familias con ingresos informales o variables. El impacto total en el precio de la vivienda podría acercarse al diez por ciento.
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Desde el punto de vista laboral, el gremio sostuvo que la medida encarece la contratación formal y profundiza los problemas de informalidad, que actualmente afecta a más de la mitad de los trabajadores en Colombia.
“Es un buen eslogan, pero una mala política”, afirmó Guillermo Herrera, presidente de Camacol, al señalar que mejorar los ingresos de quienes ya están empleados formalmente no puede hacerse a costa de frenar la generación de empleo, presionar la inflación y encarecer la vivienda social.
Finalmente, Camacol reiteró que el salario mínimo no debe ser el único instrumento de política social y llamó a una estrategia integral que combine crecimiento económico, aumento de la productividad, generación de empleo formal, subsidios focalizados y políticas de vivienda que amplíen el acceso a soluciones habitacionales dignas.
