Un juez de Bogotá condenó en primera instancia a Óscar Fernando Fetecua Rusinque a seis años de prisión domiciliaria por las amenazas que le hizo al entonces senador y hoy presidente Gustavo Petro a través de redes sociales en marzo de 2021. El fallo, dictado por el Juzgado 36 Penal del Circuito con función de conocimiento, incluye además la prohibición de usar cuentas en redes sociales durante el tiempo que dure la pena.
Tras conocerse la decisión, el presidente Petro publicó en su cuenta de X un breve mensaje en el que resumió su postura: “No quiso arrepentirse”. En ese mensaje el mandatario identificó a Fetecua como “un abogado de extrema derecha” y recordó que, a diferencia de otros casos similares, en este proceso el condenado no mostró remordimiento ante la justicia.
El juez destacó en su razonamiento que los mensajes difundidos por Fetecua instrumentaron la red social para exteriorizar manifestaciones de odio que incitan a la violencia, conducta que la Constitución y el derecho internacional consideran prohibida cuando representa una amenaza de muerte contra un servidor público. Por esa razón se impuso, además de la pena principal, la accesoriedad que limita el uso de medios como X durante el mismo término de la condena.
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La defensa del presidente había solicitado una pena más alta hasta ocho años de prisión en centro carcelario alegando la postura temeraria del procesado y el riesgo que implicaban sus mensajes. El juez, sin embargo, optó por sancionar con arresto domiciliario por seis años, valorando que no hubo agresión física, pero sí una incitación grave a la violencia mediante publicaciones públicas.
En el expediente constan los tuits por los que fue procesado Fetecua: uno decía, según la Fiscalía, “Ya estoy alistando viaje o un arma por si aparece Petro, se le da de baja”, y otro afirmaba: “Si toma Petro el poder, aparecerán nuevamente las AUC y lo bajan del poder, como debe ser, muerto en bolsas negras”. Esos mensajes fueron presentados como prueba de la intención de generar miedo y riesgo contra la vida del hoy presidente.
La sentencia subraya un mensaje claro de las autoridades: las amenazas publicadas en redes sociales contra servidores públicos no quedan impunes. Mientras el caso avance en instancias superiores si hay apelación, la condena de primera instancia ya dejó establecida la sanción y las restricciones que deberá cumplir el condenado.
