El alto tribunal realizó la solicitud a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y envió copias de documentos a la Fiscalía y el CNE, tras detectar posibles inconsistencias en los gastos de vuelos contratados por el Pacto Histórico durante la campaña presidencial.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia solicitó formalmente a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que investigue al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña a la consulta presidencial interna de 2022.
La decisión, adoptada el 8 de octubre, se fundamenta en documentos que revelan posibles inconsistencias en los reportes de gastos, particularmente en los vuelos contratados con la empresa Sadi SAS, de Ibagué.
El alto tribunal amplió así el alcance de las pesquisas, ordenando el envío de copias a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Nacional Electoral (CNE). El objetivo es determinar si hubo violaciones a los topes de gasto o irregularidades contables durante las actividades proselitistas del Pacto Histórico en 2022.
Vuelos bajo la lupa
Según la Corte, la investigación también cobija a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial, y a Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y responsable de la campaña legislativa del Pacto Histórico. Ambos habrían participado en decisiones relacionadas con la gestión de recursos y la logística electoral.
De acuerdo con la información recopilada, se busca establecer si los contratos de transporte aéreo utilizados por el equipo de campaña se reportaron de manera incorrecta, con el fin de evitar la superación de los límites de financiación.
Los documentos serán revisados por la Comisión de Acusación, que tiene la competencia para adelantar procesos de investigación contra el presidente de la República.
Vuelos registrados como gastos legislativos
El expediente revisado por la Corte incluye 27 desplazamientos equivalentes a 72 horas de vuelo, contratados con la Sociedad Aérea de Ibagué, empresa que debía trasladar a aspirantes al Congreso y no al entonces precandidato presidencial.
Las pruebas indicarían que estos viajes fueron inicialmente registrados como gastos de la campaña presidencial, pero más tarde habrían sido reportados como parte de la campaña legislativa, coordinada por Jaramillo.
Según las revelaciones, en varios de esos vuelos no participaron los candidatos al Senado, sino Petro, miembros de su esquema de seguridad y familiares. Los cambios en la facturación y el reporte contable habrían alterado el destino real de los recursos, generando dudas sobre la transparencia en el manejo de los fondos.
Posible fraude superior a mil millones
La Corte advirtió que el valor de los vuelos no reportados podría superar los $1.215 millones, cifra que habría sido presentada como reposición de gastos de campaña. Estos recursos fueron divididos entre 20 candidatos al Senado del Pacto Histórico, asignando un promedio de $60 millones por persona.
El alto tribunal señaló que con esta maniobra se habría inducido en error al Consejo Nacional Electoral, permitiendo la aprobación de la reposición de gastos mediante información falsa.
El proceso ahora queda en manos de la Comisión de Acusación, que deberá determinar si existen méritos para abrir una investigación formal contra el presidente Petro y los demás implicados en el presunto manejo irregular de los fondos.
