La defensa del menor, alias ‘Tianz’, busca modificar la pena de siete años de reclusión impuesta por el magnicidio del precandidato presidencial.
El Tribunal Superior de Bogotá definió el equipo de magistrados que revisará la apelación presentada contra la condena de siete años de reclusión impuesta al menor de edad responsable del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
El caso quedó en manos de la Sala Penal, con el magistrado Mario Gómez Mahecha como ponente, acompañado por sus colegas José Antonio Cruz y Nubia Burgos, quienes deberán estudiar los argumentos de la defensa de alias ‘Tianz’, capturado tras disparar contra el dirigente político durante un mitin el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, en Bogotá.
La defensa de la familia Uribe Turbay ha cuestionado la sanción, argumentando que la Ley de Infancia y Adolescencia “incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, y que la pena impuesta “no se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”.
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El joven condenado aceptó cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, lo que le permitió recibir beneficios judiciales. Además, entregó información que facilitó la captura de otros implicados en el plan criminal, entre ellos Carlos Eduardo Mora González, quien lo trasladó al lugar del atentado, y Élder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, quien le entregó el arma utilizada.
El sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes determinó que el procesado quedara bajo custodia del ICBF. Sin embargo, desde sectores políticos, especialmente el Centro Democrático, se ha cuestionado la decisión, señalando que resulta “flexible” frente a la magnitud de un crimen que conmocionó al país.
“El mensaje que estamos enviando al mundo es una vergüenza: que por un magnicidio se paguen solo siete años”, manifestó Gabriel Vallejo, director del movimiento político de Uribe Turbay.
Los magistrados deberán ahora decidir si confirman la condena inicial o si modifican los términos de la pena, en un proceso que mantiene la atención nacional por sus implicaciones judiciales y políticas.
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