El recurso fue presentado contra Álvaro Hernán Prada, uno de los encargados de proyectar la ponencia que pide sancionar a los responsables de la campaña presidencial de 2022.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió este jueves la discusión de la ponencia que pide sancionar a los responsables de la campaña Petro Presidente 2022, por presunta superación de topes de gastos. La decisión se tomó tras la recusación presentada contra el magistrado Álvaro Hernán Prada, uno de los ponentes del proyecto de resolución.
La sesión de la sala plena, que apenas iniciaba, debió levantarse, dejando en pausa el análisis de un documento de más de 600 páginas en el que se recomienda imponer sanciones económicas al gerente de campaña, Ricardo Roa; la tesorera, Lucy Aydée Mogollón; los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus; así como a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP).
Vale recordar que el proceso ya había perdido a una magistrada: Alba Lucía Velásquez, quien fue recusada por haber actuado como testigo electoral del Pacto Histórico en 2022. Con esta nueva recusación, se altera nuevamente el equilibrio de fuerzas dentro del tribunal, lo que podría prolongar la resolución del caso.
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Aunque el recurso contra Prada se resuelva con rapidez, no se espera un avance ágil en el proceso, pues aún pueden presentarse solicitudes de rotación que retrasen varias semanas la discusión. Los magistrados manejan como plazo máximo abril de 2026 para emitir un pronunciamiento definitivo.
Lo que plantea la ponencia
El documento filtrado el 26 de agosto expone que la campaña presidencial habría superado los topes permitidos en más de 3.500 millones de pesos, además de incurrir en financiación prohibida. Entre los hallazgos figuran aportes de Fecode y la USO, gastos de publicidad política en Caracol Televisión y la falta de reporte en los pagos a testigos electorales.
Otros puntos, como los vuelos contratados con la empresa Sadi o la inclusión del evento de celebración en el Movistar Arena, fueron descartados por falta de pruebas o porque no correspondían a gastos de campaña. No obstante, la ponencia ordena que los dineros de la reposición de votos usados en este evento sean reintegrados.
Uno de los temas más polémicos es el de los testigos electorales, pues de aprobarse la ponencia, se sentaría un precedente al considerar que su vigilancia forma parte de los gastos de campaña, contrario a lo que sostiene la defensa del Pacto Histórico.
