Los legisladores aseguran que enfrentan riesgos por disentir de cambios al sistema sanitario que buscan transformar los modelos actuales de atención pública.
La reforma a la salud, presentada como un cambio estructural, despierta tensiones políticas y cuestionamientos sobre su impacto en la población más vulnerable.
Varios partidos políticos colombianos han presentado una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que solicitan medidas cautelares en favor de los senadores de la Comisión VII del Congreso de la República de Colombia.
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De acuerdo con la denuncia enviada a la Cidh, el principal argumento es la “situación de extrema gravedad y urgencia” que, según los denunciantes, enfrentan los congresistas que no apoyan las reformas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro.
Este proyecto de ley, identificado en el Senado como el 216 de 2023, busca transformar estructuralmente el sistema de salud público en Colombia, lo que ha generado tanto críticas como divisiones entre los sectores políticos. Según estos legisladores, la reforma no representa un avance y pone en riesgo un sistema que ha ofrecido progresos en términos de cobertura y acceso al servicio de salud, especialmente para los sectores más vulnerables.
Manuel Virgüez Piraquive, del Partido Mira, expresó en su comunicado la necesidad de proteger la independencia legislativa frente a supuestos acosos gubernamentales, los cuales calificó de ‘alarmantes’.
