El paro armado del grupo al margen de la Ley ha puesto a más de 50 mil personas en riesgo, con severas restricciones en servicios esenciales y amenaza de desbordamiento del río San Juan.
Han pasado 72 horas desde que el Frente de Guerra Occidental del Eln inició un paro armado en el sur del departamento de Chocó, y la situación humanitaria se está deteriorando rápidamente. Más de 50 mil personas, principalmente de comunidades indígenas y afrodescendientes, están confinadas y enfrentan un riesgo inminente de desabastecimiento.
La crisis se agrava no solo por la violencia del conflicto, sino también por las amenazas de desbordamiento del río San Juan debido a las intensas lluvias. Según la Defensoría del Pueblo, al menos 85 comunidades están siendo doblemente afectadas, sufriendo tanto los efectos de la guerra prolongada como el saqueo de sus recursos naturales. La falta de medidas efectivas para liberar a estas comunidades del control de los actores armados agrava aún más la situación.
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El enfrentamiento entre el Elny el Clan del Golfo por el control del territorio está exacerbando la crisis.
La limitación del acceso a servicios esenciales como alimentación, salud y educación está poniendo en grave riesgo los derechos y libertades civiles, sociales, económicas y culturales de las comunidades étnicas, que están siendo sometidas a constantes eventos de confinamiento, según el defensor del Pueblo, Julio Balanta Mina.
El paro armado afecta a los habitantes cercanos a los ríos San Juan, Sipí y Cajón, así como a las comunidades indígenas de los resguardos Sanandocito (Sipí), Unión Wounán, Puadó, Mataré, La Lerma, Macedonia (Medio San Juan), Unión Chocó-San Cristóbal,
Puadó-Mataré-La Lerma (Istmina), Docordó-Balsalito, Santa María de Pangala, Río Taparal, Tiosidilio, Togoroma, Buena Vista, Río Pichimá, Chagpien, Chagpien Tordó, entre otros, y a los consejos comunitarios del San Juan-Acadesan y Mayor de Nóvita-Cocoman.
La Defensoría del Pueblo ha solicitado al Gobierno Nacional que atienda las cuatro alertas tempranas emitidas para aliviar la crisis humanitaria en la región, especialmente dado que durante 2023 se registraron seis paros armados en el departamento y ya se han contabilizado dos más en 2024.
