El legislador aunque aseguró tener plena certeza de su inocencia y de su papel como opositor, optó por apartarse del órgano legislativo para evitar mayores señalamientos.
El senador Juan Pablo Gallo, miembro del Partido Liberal, presentó su renuncia a la Comisión Interdisciplinaria de Crédito Público, entidad encargada de supervisar las operaciones de crédito externo autorizadas por el Gobierno. Estas operaciones buscan financiar planes de desarrollo económico y social, así como contribuir al equilibrio de la balanza de pagos.
La decisión de Gallo llega tras verse implicado en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se le señala como partícipe en un entramado que habría desviado hasta 90 mil millones de pesos en contratos a cambio de votos en el Congreso.
Según declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, Gallo es uno de los nueve congresistas que recibieron contratos fraudulentos para asegurar su apoyo a proyectos del Gobierno. López afirmó que las instrucciones para asignar estos contratos provinieron directamente del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con el objetivo de obtener respaldo legislativo en temas de interés para su ministerio, favoreciendo así a los congresistas involucrados.
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El ministro Bonilla autorizó un desembolso de 1,4 billones de pesos para la UNGRD, tras una adición presupuestal aprobada por las comisiones terceras del Parlamento, responsables de asuntos financieros. En respuesta a las acusaciones, el senador Gallo manifestó que su renuncia se debe a que se ha generado un "manto de sombra" sobre su actuar en la Comisión Interdisciplinaria de Crédito Público.
En septiembre del año pasado, un mes antes de las elecciones regionales, el ministro Bonilla firmó una resolución por 700 mil millones de pesos para la UNGRD, fondos que se utilizaron para los contratos cuestionados. Una segunda resolución por la misma cantidad fue firmada en diciembre de 2023, destinada a la contención y prevención de inundaciones, así como a la mitigación de la erosión en diversas regiones del país.
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El interés del Ministerio de Hacienda en estos contratos se evidenció con la distribución de 92 mil millones de pesos para tres proyectos específicos en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca). Sin embargo, las adjudicaciones fueron detenidas cuando investigaciones periodísticas destaparon el escándalo de los carrotanques en La Guajira.
Entre los congresistas señalados en los procesos se encuentran Wadith Manzur y Liliana Bitar, del Partido Conservador; Karen Manrique, de las curules de paz; Julián Peinado, del Partido Liberal; y Juan Diego Muñoz, de la Alianza Verde. El 11 de junio, varios de ellos votaron a favor de un proyecto liderado por el ministro Bonilla para ampliar el cupo de endeudamiento del país en 17.607 millones de dólares, pese a que todos insisten en su inocencia.
