El Consejo Nacional Electoral se debate entre investigar o no al presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes de campaña.
En una reciente reunión, la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) adoptó varias medidas que agilizarán el proceso para determinar si inicia una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro y su ex gerente de campaña, Ricardo Roa, por presunta violación de los límites de gastos durante la campaña de 2022.
Por un lado, la corporación puso a votación la solicitud presentada a mediados de mayo por el grupo de congresistas que investiga al jefe de Estado en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Tras evaluar los argumentos tanto del presidente Petro como de su defensa, este equipo de investigadores reclamó la competencia en estos casos y solicitó al CNE que envíe a la Comisión los expedientes que actualmente está tramitando contra el mandatario y su campaña.
Con ocho votos a favor y solo uno en contra, la Sala Plena del CNE confirmó su competencia para investigar la campaña (solo se abstuvo la magistrada del Pacto Histórico, Alba Lucía Velásquez). Sin embargo, debido a la incertidumbre sobre si son competentes para abrir una investigación contra Petro, los magistrados habrían decidido elevar una solicitud de revisión a la Sala del Servicio Civil del Consejo de Estado.
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Según el grupo de investigadores, aunque el CNE es competente para investigar a los partidos, a los gerentes y candidatos, la competencia exclusiva para investigar al presidente de la República la tiene el Congreso de la República, "por ser su juez natural bajo el fuero constitucional contemplado en el artículo 178 de nuestra Carta Política".
En cuanto al grupo encargado de investigar las denuncias, está compuesto por el representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico, conocido por su afiliación al partido de Gustavo Petro, así como por Gloria Arizabaleta, quien obtuvo su escaño en el Congreso con el respaldo del partido Fuerza de la Paz, liderado por el exsenador y actual embajador Roy Barreras. El trío lo completa Wilmer Carrillo, del Partido de la U.
Por otro lado, en su reunión de sala plena este miércoles, el CNE rechazó las tres recusaciones presentadas contra varios magistrados, que buscaban que se apartaran de las investigaciones sobre la campaña del actual mandatario.
En primer lugar, se rechazó la recusación presentada por congresistas de la bancada del Pacto Histórico contra el magistrado Álvaro Hernán Prada, ex parlamentario del Centro Democrático, a quien acusaron de tener una presunta animadversión hacia Petro.
Prada, junto con el magistrado Benjamín Ortiz del Partido Liberal, presentó hace un mes ante la Sala Plena el proyecto de apertura de investigación y formulación de cargos contra Petro y Roa. El documento señala no solo la violación de topes de campaña, sino también una presunta financiación irregular.
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Las otras dos recusaciones pendientes eran contra las magistradas Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez Grisales, considerando que podrían tener afinidades políticas con el Pacto Histórico y se podría configurar un presunto conflicto de intereses. Sin embargo, ninguna de las tres recusaciones fue aceptada.
En este escenario, los tres magistrados podrán participar en la próxima reunión de la sala plena para evaluar las ponencias presentadas por Prada y Ortiz. Estos magistrados investigan especialmente las cuentas reportadas de la Sociedad Aérea de Ibagué, que transportó al presidente Gustavo Petro y a varios miembros de su equipo de campaña y candidatos al Congreso a diferentes regiones del país durante las elecciones.
Se estima que de cada $10.000 que la campaña gastó en servicios de transporte para movilizarse durante la primera y segunda vuelta de 2022, al menos $6.500 se destinaron a la Sociedad Aérea de Ibagué.
Las posturas dentro de la autoridad electoral, cuyos magistrados son nominados por los partidos y seleccionados por el Congreso, son claras. De los ocho magistrados, al menos tres son considerados cercanos al Gobierno y podrían votar en contra de la formulación de cargos: Alba Velásquez, Fabiola Márquez (ambas del Pacto Histórico) y Cristian Quiroz (de la Alianza Verde). Por otro lado, los otros cinco magistrados podrían inclinarse a favor de la formulación de cargos.
Estos cinco magistrados son Prada y Ortiz, los investigadores del caso, quienes representan al Centro Democrático y al Partido Liberal respectivamente, además de César Lorduy de Cambio Radical, Maritza Martínez, ex congresista de La U y actual presidenta del tribunal, y el magistrado Alfonso Campo, que tiene una base conservadora.
Por fuera de la ecuación queda Pablo Julio Cruz, de Comunes, que aunque tiene voz, no cuenta con voto para este tipo de determinaciones. Así las cosas, la decisión estaría prácticamente en manos de Lorduy y Martínez.
