A pesar de no reconocer la falta de consenso como factor determinante en el archivo de su proyecto, el presidente sigue señalando que los partidos de los senadores que rechazaron la iniciativa recibieron financiamiento extranjero, lo cual está prohibido por la ley.
El presidente Gustavo Petro aumentó la intensidad de su discurso y volvió a mencionar el rechazo de su propuesta de reforma de salud. Al reiterar que algunos senadores de la Comisión Séptima que votaron en contra del proyecto estaban posiblemente impedidos, el líder del país advirtió sobre una presunta violación evidente a la Constitución y las leyes.
El mandatario, sin reconocer que la falta de consenso y diálogo contribuyó al archivo del proyecto, simplemente señaló que hubo irregularidades detrás de la decisión de la Comisión, la cual, con nueve de 14 votos, rechazó la reforma. Insistió en que algunos senadores estaban presuntamente inhabilitados. Aunque admitió parcialmente la derrota, Petro mencionó incluso una “pérdida de soberanía nacional”.
El presidente consideró los planteamientos del senador oficialista Wilson Arias del Pacto Histórico, quien denunció que los partidos de varios de esos congresistas, incluyendo Centro Democrático, Alianza Social Independiente (ASI), La U, Liberal y Conservador, recibieron $640 millones en donaciones de empresas extranjeras y propietarias de EPS durante el año electoral de 2022.
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Según la argumentación de Arias, debido a que Keralty es un conglomerado extranjero con participación accionaria en grupos como Sanitas, los senadores estarían impedidos para votar en la reforma. Arias afirmó: “Todos estos partidos recibieron financiación de la empresa extranjera Keralty y de otros conglomerados económicos dueños de EPS”.
En este sentido, Petro admitió que “por ahora, Keralty nos derrotó en la Comisión Séptima”. Sin embargo, destacó que tanto los recursos públicos de la salud como los recursos extranjeros financiaron campañas y partidos, lo cual está prohibido por la Constitución y la ley.
Por consiguiente, advirtió que esta situación representa un gran peligro para la democracia colombiana, ya que indica no solo una privatización corrupta de la política, sino también una pérdida de la soberanía nacional.
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Lo que el presidente pasa por alto es que, aunque Keralty fue fundada por extranjeros (españoles) en 1980, es una empresa registrada en Colombia y cuenta con registro mercantil ante la Cámara de Comercio de Bogotá desde 1991.
