El ministerio público ha solicitado al Ministerio de Salud abstenerse de emitir la resolución que permitiría el uso de los recursos de la UPC.
La Procuraduría General de la Nación ha lanzado una advertencia al Ministerio de Salud en relación con la posible utilización de los fondos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para financiar equipos básicos de salud.
Esta medida ha generado preocupación debido a que la UPC, administrada por la Administradora de Recursos de Salud (Adres), tiene como objetivo principal asegurar la atención médica a través de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
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Según el ente de control, los recursos asignados a través de la UPC deben ser utilizados exclusivamente para garantizar la prestación de servicios de salud a la población afiliada a las EPS y no pueden ser desviados para otros fines. Advierten que tal desviación de recursos podría comprometer la sostenibilidad financiera del sistema de salud y afectar negativamente la calidad de los servicios médicos ofrecidos a los ciudadanos.
Además, la Procuraduría ha cuestionado el proceso administrativo relacionado con la emisión de la Resolución 2364 de 2023, la cual estableció el incremento de la UPC para el año 2024. Señalan que dicho proceso no cumplió con los principios fundamentales del debido proceso y la transparencia, lo que podría poner en entredicho la legalidad de dicha resolución.
Otro aspecto destacado por la Procuraduría es la falta de participación de todas las EPS en las decisiones relacionadas con la suficiencia de la UPC. Este hecho ha sido considerado como una omisión grave por parte del Ministerio de Salud, ya que las EPS son actores fundamentales del sistema de salud y su participación es crucial para garantizar la adecuada asignación de recursos y la calidad de la atención médica.
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Ante esta situación, la Procuraduría ha solicitado al Ministerio de Salud abstenerse de emitir la resolución que permitiría el uso de los recursos de la UPC para financiar equipos básicos de salud, así como suspender el proceso de emisión de este tipo de actos administrativos hasta que se aclaren los fundamentos jurídicos, técnicos y financieros que sustentan dichas decisiones.
