Recientemente, el exministro de Salud Augusto Galán Sarmiento habló del derecho de petición a la ministra Corcho, por su reforma política a la salud.
Sigue el debate por el documento presentado ante el Congreso, por el gobierno del presidente Petro, en el cual se exploraron diversas situaciones que tendría, consigo múltiples complicaciones al sistema de salud actual, el exministro de Salud Augusto Galán Sarmiento, es el vocero del grupo de profesionales de la salud que le enviaron a la ministra Corcho un derecho de petición en busca darles respuestas a preguntas claves sobre dicha reforma. Sostiene que el articulado del proyecto de ley no las responde, y podría retroceder el sistema de salud en el país.
Asimismo, en días recientes, Paula Acosta la presidenta de ACEMI, mencionó las situaciones que tendrían una problemática para la sociedad indicándole a medios de comunicación que. “la reforma acabaría con las EPS y nos las transformaría como ha indicado el Gobierno pues modifica todo el sistema de la salud, les propone convertirse en prestadoras de servicio, pero eso no es lo mismo que asegurar a la población, no todo el trabajo que hacen las EPS, que son la puerta de entrada y quienes organizan los servicios de salud”.
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De acuerdo con la presidenta de Acemi, con la reforma se pasa a un sistema público donde la “puerta de entrada” ya no serán las EPS sino “un centro de atención primaria que aún no se ha construido”.
El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, convocó en la tarde de ayer, a los 7 presidentes de las comisiones constitucionales permanentes a una asamblea extraordinaria y esta manera deliberar el trámite de la reforma a la salud. Al ser sometido a votación, se estableció que será tramitado como ley ordinaria en la Comisión Séptima, dirigido por el representante Agmeth Escaf.
El encargado de convocar dicha reunión fue el representante Juan Carlos Wills, presidente de la Comisión Primera. Wills examinó y creyó pertinente discutir si se trata de una Ley ordinaria o estatutaria. De acuerdo con la Ley 3 de 1992, estos desacuerdos deben ser tratados por una comisión integrada por los presidentes de las comisiones de la respectiva corporación.
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El resultado de esta votación tuvo el siguiente resultado, cinco votos a favor de tramitarla como ley ordinaria. El representante Juan Carlos Wills, se abstuvo ya que fue él quien solicitó la reunión. El presidente de la comisión Quinta, Jaime Rodríguez, no asistió a la junta. Este desenlace confirmaría que la reforma a la salud se tramitará como ley ordinaria.
Además de esto, el texto del proyecto de ley señala que el promedio de gasto en salud de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) fue 12,5 puntos porcentuales del PIB y el de América Latina y el Caribe es de 8,0%.
También señala que las fuentes de financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud ‘Sgsss’ pasaron en Colombia de 4,7% del PIB en 2018 a 5,4% en 2023 año de partida de la reforma y ascenderían 5,7% en 2026, año de finalización del gobierno actual. Otros expertos de la salud insisten en que el sector tiene, como mínimo, un déficit anual de 1 punto del PIB $11,7 billones, lo que equivale a decir que el gasto debería estar al menos en más de $74,5 billones.
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Finalmente, desde el 3 de febrero en el despacho de la ministra de salud, Carolina Corcho, se encuentra un derecho de petición radicado por 7 exministros de salud, 11 exviceministros de la cartera y un exmagistrado de la Corte Constitucional. El documento cuenta con una serie 15 preguntas que este grupo multidisciplinar elaboró para conocer el detalle y alcance de lo que hasta ese momento se conocía del proyecto de ley, donde ninguna de las respuestas eliminó las inquietudes presentadas.
