El representante del ente fiscalizador señaló que en la indagatoria llevada a cabo por la Sala de Instrucción de la Core Suprema de Justicia se hace referencia a un hecho penal pero que hay omisiones que dificultan el derecho a la defensa.
El fiscal Jaimes Durán, indicó además que, el caso se debe mantener en campo legal y judicial, y no en lo político, para que se resuelva dentro de lo que se establece en derecho.
“Hay que resolver como preservar el ordenamiento judicial al realizar el cambio de un sistema penal a otro, pues la misma normatividad no da esa claridad y se debe acudir a la interpretación que han dado los mismos jueces”, indicó el fiscal asignado al proceso.
Críticas a la Corte
El fiscal Jaimes Durán se mostró respetuoso por las actuaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia señalando que son válidas y que se tomaron en el marco de su competencia, sin embargo, explicó de manera extensa sobre las diferencias entre la imputación de cargos en el nuevo sistema y la indagatoria en el viejo esquema para concluir que no se pueden equiparar.
"No se puede decir que es lo mismo la indagatoria y la imputación de cargos. En el primero apenas se está investigando y en el segundo ya hay todo un trabajo investigativo que ha permitido llegar a conclusiones sobre la presunta responsabilidad del procesado”, detalló el funcionario.
Así mismo argumentó que, descubrió que la diligencia realizada en la Corte “no contiene con rigor los hechos jurídicamente relevantes, y menos de una manera organizada y concatenada que permita calificar el desarrollo de esa diligencia como una forma clara y breve de transmisión de una información suficiente para que el indagado y su defensa activen sus derechos, en particular el derecho a defenderse”.
Detalló además que, “entre las omisiones se encuentra que no se dijo con claridad el alcance de los señalamientos en cuanto a la autoría o participación de Uribe Vélez en los hechos investigados. Nunca se le puso de presente al procesado ni el carácter de imputación como determinación, ni su modalidad ni circunstancias, razones que sirvieron de acopio al momento de resolver la situación jurídica del procesado para imponerle medida de aseguramiento.
Aseveró que, no se le puso en conocimiento al expresidente la posibilidad de confesión o sentencia anticipada o alguno de los mecanismos para la terminación anticipada de los procesos.
Regaño a Montealegre y a Perdomo
En medio de la audiencia que transcurría dentro de la normalidad, se presentó un enérgico llamado de atención por parte de la jueza 30 al exfiscal general Eduardo Montealegre, y el ex vicefiscal Jorge Perdomo, quienes se proponían lograr que fuera suspendida la audiencia bajo el argumento de que necesitaban conocer la indagación en contra Uribe del 8 de octubre del año pasado ante la Corte Suprema de Justicia, indicando que apenas ayer el ente fiscalizador les corrió traslado de la misma y que para lo cual necesitaban suficiente tiempo para estudiar la indagatoria y poder referirse a la misma en su intervención.
Ante dicha petición, la juez consideró que no era necesario que se suspendiera la audiencia, y que lo tomaba como una manera de tergiversar el proceso.
La togada les insistió que era deber de ella como funcionaria judicial, amparada en el Artículo 139 del Código de Procedimiento Penal, dictar realización de maniobras dilatorias.
Petición de la defensa
Por su parte, Jaime Granados Peña, apoderado del expresidente Álvaro Uribe Vélez reiteró de manera formal la petición de libertad inmediata de su cliente argumentando que no se está cuestionando la decisión de la Sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia que ordenó su detención, sino el efecto que tendría en el proceso el cambio de sistema por el que se adelanta ahora la investigación.
“En el año 2002 se estableció en la Constitución que le corresponde a la Fiscalía pedir las medidas de aseguramiento que corresponden para que las personas acudan ante los jueces y que los jueces de control de garantías serán los encargados de resolver ese tipo de solicitudes frente a la libertad de las personas. Ese tipo de peticiones se dan al momento de la imputación de cargos contra las personas investigadas y bajo algunos parámetros establecidos en la misma normatividad”, dijo Granados Peña.
Indicó además que, “al pasar la investigación del sistema de la ley 600 a la ley 906 se deben tener en cuenta tres aspectos. ¿En qué etapa procesal está el proceso?, ¿en qué calidad se encuentra el investigado?, y si él debe seguir privado de la libertad”.
Se agrava situación de Iván Cepeda en los EE UU
Mediante una carta dirigida a William P. Barr, fiscal general de los Estados Unidos, Mario Díaz-Balart congresista republicano por el distrito 27 de la Florida, solicitó que la justicia de los Estados Unidos inicie “en contra del senador de las Farc, el comunista Iván Cepeda Castro, una investigación por los delitos que en suelo americano habría cometido”.
Ante esta situación, se conoció que, en los próximos días, el Departamento de Estado le cancelaría la visa al senador Cepeda.
Se conoció que el escrito de Díaz-Balart hace un recuento de las visitas de Cepeda a las cárceles estadounidenses para efectos de conseguir falsos testimonios contra el presidente Uribe. En la comunicación, se lee que “de acuerdo con múltiples reportajes de prensa, [Juan Carlos] Sierra-Ramírez fue visitado en prisión, el 22 de mayo de 2009 por el senador antiuribista Iván Cepeda (…). Cepeda ofreció conseguir asilo político para Sierra-Ramírez y para su familia en Suiza si, a cambio, él incriminaba al expresidente Uribe en asuntos delictivos. Otros informes de prensa indican que Cepeda visitó a otros internos en cárceles federales de los Estados Unidos, con la misma intención de persuadirlos para que testificaran contra Uribe”.
Señala Díaz-Balart, que “si esas informaciones son ciertas, se generarían interrogantes sobre la presencia de un agente extranjero teniendo acceso a un prisionero bajo custodia de los Estados Unidos con fines de corrupción, interferencia en los procedimientos judiciales u ofreciéndole sobornos a cambio de que cometa perjurio. También me gustaría preguntar sobre el grado el conocimiento y aprobación del gobierno anterior respecto de la naturaleza de esas visitas… Respetuosamente, solicito respuestas a las siguientes preguntas: ¿Puede el Departamento [de Justicia] confirmar las visitas del Senador Iván Cepeda al prisionero federal Juan Carlos Sierra-Ramírez en 2009 o en otro momento cuando él estuvo bajo custodia federal? ¿Cuándo y dónde se produjo esa o esas visitas? ¿Alguien acompañó al senador Cepeda?…”
https://twitter.com/JOSEOBDULIO/status/1313928865576882178?s=08
