Bogotá, 5 jun (EFE).- Afectados por la emergencia en la hidroeléctrica colombiana en construcción de Ituango (noroeste) presentaron hoy un reclamo ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que esa institución indague si su inversión en el proyecto cumplió con sus "estándares sociales y ambientales".
El Movimiento Ríos Vivos Antioquia, que representó a las comunidades afectadas ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (Mici) del BID, hizo el reclamo hoy en Washington.
En la solicitud se pide que "esa instancia de rendición de cuentas indague si el BID, tanto su brazo público como privado, cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales a la hora de invertir en el proyecto", detalló la ONG en un comunicado.
Desde el pasado 7 de mayo Hidroituango, ubicado en el departamento de Antioquia, está en emergencia por un derrumbe que taponó el túnel que desvía las aguas del río Cauca, el segundo de mayor cauce en el país, que quedaron represadas en un embalse sin terminar y que corre el riesgo de colapsar.
La situación obligó a las autoridades a evacuar de sus hogares a miles de personas de las localidades de Puerto Valdivia y Puerto Antioquia, así como de los municipios Cáceres y Tarazá, situados a orillas del Cauca, aguas abajo de la presa, y que podrían ser arrasadas por un eventual rompimiento de la obra.
Según la ONG, las políticas del BID establecen que los proyectos en los que invierte "deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación", lo que considera que no ha ocurrido con Hidroituango.
"El proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permite la participación de las comunidades ni el acceso a información y se ha desarrollado en un contexto de violaciones a los derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza", agregó la información.
Según los reclamantes, el BID apoyó el proyecto con dos millones de dólares en cooperación técnica al Estado colombiano en 2012 y 550 millones de dólares en inversiones directas en 2016 a Empresas Públicas de Medellín (EPM), compañía dueña del proyecto.
Además, "el BID maneja un paquete de inversiones en el proyecto que suma 1.000 millones de dólares, con aportaciones de múltiples bancos europeos, asiáticos y uno canadiense".
El reclamo es apoyado por el Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Proyecto Internacional de Responsabilidad (IAP, por su sigla en inglés).
Por otra parte, el Movimiento Ríos Vivos Antioquia ha denunciado "amenazas, intimidaciones y violación" de los derechos de sus miembros, así como el asesinato de dos de ellos entre el 2 y el 8 de mayo.
EPM reconoció hoy que el riesgo en la represa de Hidroituango sigue siendo alto por el peligro de movimientos de tierra, por los caudales del río Cauca y la estabilidad en la presa. EFE
