Las consultas previas tienen frenado el desarrollo de grandes obras que suman unos 50 billones de pesos y son esenciales para la reactivación y las finanzas públicas. ¿En qué va el proyecto para regular el tema?
Más de 462 proyectos pendientes de consultas previas habría en el país, lo que significa inversiones represadas superiores a los 48 billones de pesos.
para ejecutar su plan de reactivación, el Gobierno Duque necesitará ordenar la casa. El New Deal criollo, con el cual espera mover más de 100 billones de pesos y crear un millón de empleos, tiene la ventaja de contar con proyectos listos para licitar o comenzar trabajos. Pero como se basa en la puesta en marcha de obras de infraestructura y energía, se enfrentará inevitablemente a los grandes cuellos de botella de estos sectores: la compra de predios, los líos de redes de servicios públicos, las demoras en las licencias ambientales y, sobre todo, las consultas previas.
De allí la importancia de una iniciativa que viene desde el día uno de la administración de Iván Duque: un proyecto de ley que reforme las consultas previas. Una normativa necesaria para balancear el legítimo derecho de las minorías étnicas a pronunciarse sobre los proyectos que afectan sus territorios, con la seguridad jurídica para que los empresarios desarrollen sus iniciativas.
No será un tema fácil, pues desde hace casi una década los Gobiernos han tratado sin éxito de regular la obligación de consultar a las comunidades indígenas, afrodescendientes, palenqueras, raizales y gitanas (rom), lo que se ha convertido en muchos casos en trabas insalvables. Según muchos empresarios e inversionistas, alrededor de este tema surgieron grupos especializados en extorsionar y demandar ante los jueces el desarrollo de las obras. Se trata de ‘comunidades exprés’ que van de proyecto en proyecto en busca de pagos excesivos, que, con fallos judiciales absurdos, han deformado cada vez más el uso de esta herramienta.
Muchos recuerdan el caso del proyecto vial de cuarta generación Mulaló-Loboguerrero. A pesar de ser clave para la competitividad del país y luego de varias consultas previas, no ha podido arrancar en cinco años. También, la Ruta del Sol, en el segmento que va desde San Alberto (Cesar) hasta Ciénaga (Magdalena), en conflicto con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. O la línea de transmisión Tesalia-Alférez del Grupo Energía Bogotá, suspendida por asuntos relacionados con las comunidades. Desafortunadamente, existen muchos ejemplos como este en todos los sectores.
Según la recién creada Autoridad Nacional de Consulta Previa, en la actualidad se encuentran en etapas anteriores a la de cierre de consulta previa 2.562 procesos que corresponden a 462 proyectos. Un proyecto puede afectar directamente a varias comunidades étnicas y, por lo tanto, debe adelantar varias consultas.
De estas obras, 86 le competen al sector de infraestructura (330 consultas), 77 a minería (614 consultas), 61 al sector eléctrico (539 consultas), 52 a hidrocarburos (188 consultas), 4 a telecomunicaciones (56 consultas) y 182 en medidas administrativas y ambientales (835 consultas).
Para la autoridad, los proyectos representan inversiones represadas por cerca de 50 billones de pesos: 23,82 billones en el sector de infraestructura, 7,14 billones en el sector minas y energía, 4,76 billones en el sector de hidrocarburos, y alrededor de 12,3 billones de pesos en interconexión eléctrica y energía renovable en La Guajira.
El caso de este departamento preocupa por el impacto que tendría sobre la reactivación de la economía. Y también por la seguridad energética del futuro cercano porque se trata de proyectos programados para 2022. Si la situación con las consultas previas persiste, difícilmente cumplirían los cronogramas.
De hecho, a principios de este mes tres procuradores judiciales le solicitaron al Gobierno suspender las obras relacionadas con energías renovables que hacen parte del plan de expansión energética en La Guajira. Solo podrían continuar cuando garanticen los derechos colectivos de las comunidades wayuus y tribales que se encuentran dentro del área de influencia.
Sin duda, se trata de un tema sensible que es necesario sacar adelante hoy más que nunca. En efecto, esos proyectos deberían convertirse en herramientas anticíclicas que dinamicen el crecimiento económico y la reactivación.
La consulta de la consulta
El proyecto de consultas previas forma parte de las iniciativas clave del Gobierno en su paquete legislativo de este semestre. Según la ministra del Interior, Alicia Arango, esta semana terminaron un primer borrador de articulado para socializarlo con los sectores. “Fue un trabajo juicioso para su redacción. Se hizo una revisión de las propuestas de proyectos de ley anteriores y de toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que es la que ha marcado la pauta en este tema en los últimos años”, afirmó Arango.
Sin embargo, esta normativa debe surtir el proceso de consulta previa ante las comunidades étnicas después, en los espacios determinados para ello. Algo que, sin duda, será mucho más complejo por la pandemia. Las cuarentenas aislaron a las comunidades, congelaron las reuniones presenciales, y las digitales no tuvieron eco ni ofrecieron una alternativa.
No obstante, el Gobierno tiene la meta de presentar el proyecto de ley en la Comisión Primera de Senado o Cámara en la actual legislatura, en la medida de lo posible, antes de culminar este semestre.
El proyecto de ley abarca temas como la participación efectiva de las comunidades étnicas, el alcance del concepto central de afectación directa de acuerdo con los lineamientos establecidos en la jurisprudencia constitucional y los elementos relacionados con la determinación de procedencia de la consulta previa. Además, la creación de sistemas y registros de información de las comunidades étnicas, definiciones referentes al procedimiento que permitan la garantía del derecho y aspectos como la representatividad de las comunidades, tiempos y plazos generales del proceso.
Es decir, reglas de juego claras para que las verdaderas comunidades puedan ejercer sus derechos cuando es debido. Y para que los empresarios tomen sus decisiones de inversión con seguridad jurídica. Algo que no han logrado hoy en día, casi 30 años después de que Colombia adoptó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Pero no será fácil. El proceso de la ley tiene sus tiempos y es preciso aclarar algunos temas urgentes. Por eso, al mismo tiempo, trabajan en un decreto que igualmente habrá que consultar con las comunidades. En este como en otros frentes se necesita ordenar la casa y ejercer mucha gerencia, así como mayor coordinación entre las entidades.
Sin duda, destrabar los proyectos que requieren consultas previas será clave para reactivar las regiones, el empleo, los grupos étnicos y el país. Por ende, el Gobierno espera contar con el respaldo de los partidos, para que las consultas previas no se conviertan en una de las principales trabas del New Deal criollo.