La ONG ‘Colectivo Nicaragua Nunca Más’ señaló que desde 2018 la dictadura de Nicaragua llevado al destierro y exilio de más de 200 religiosas, entre ellas, 35 sacerdotes que han sido desnacionalizados.
San José (EFE).- La ONG ‘Colectivo Nicaragua Nunca Más’ condenó el destierro del obispo de la diócesis nicaragüense de Jinotega (norte) y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, “un acto de represión que no solo afecta a un líder religioso, sino que simboliza la creciente e imparable persecución y represión que enfrenta la Iglesia Católica en nuestro país”.
La expulsión del obispo Herrera se suma a las de los obispos Rolando Álvarez, de la diócesis de Matagalpa (norte), e Isidoro Mora, de la diócesis de Siuna (Caribe), “quienes también fueron desterrados y desnacionalizados este año”, indicó en una declaración esa ONG, integrada en su mayoría por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en San José.
Además, recordó el Colectivo, en 2019 el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, “debió exiliarse tras recibir amenazas de muerte”.
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“Es un acto criminal”: ONG
“El destierro del obispo Herrera es un acto criminal contra la libertad religiosa que cada nicaragüense tiene el derecho inalienable de disfrutar. Al perseguir a líderes de la Iglesia, se busca desmantelar un pilar fundamental de la sociedad y socavar la capacidad de la comunidad para expresarse libremente”, denunció la ONG.
La organización sostuvo que el destierro o traslado forzoso, debido a la sistematicidad con que se ha cometido en Nicaragua, debe ser considerado como un crimen de lesa humanidad, y es “un acto que debe ser denunciado y condenado por la comunidad internacional”.
“Exigimos el respeto pleno a la libertad religiosa y hacemos un llamado a todas las organizaciones de derechos humanos, a la comunidad internacional y a todos los nicaragüenses para que nos solidaricemos con la Iglesia, el pueblo católico de Nicaragua y todas las víctimas del destierro, despojo de nacionalidad y tantos crímenes hasta ahora en la impunidad”, añadió. El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, de 75 años, fue expulsado de su país y enviado a Guatemala tras denunciar en una misa el sacrilegio del alcalde sandinista del municipio de Jinotega, Leónidas Centeno, según el sacerdote nicaragüense exiliado, Erick Díaz y la investigadora exiliada Martha Patricia Molina, autora del estudio ‘Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?’.
