En un nuevo movimiento controvertido, el Gobierno de Nicaragua ha anulado la personalidad jurídica de la Asociación Casa Ave María, una organización religiosa que ha estado en funcionamiento durante 33 años. Además, ha ordenado la expropiación de sus bienes, según lo publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
La decisión de disolver esta asociación religiosa fue tomada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, alegando "incumplimiento de las leyes".
Según el Ministerio de Gobernación, la junta directiva de la organización estaba vencida desde el 9 de septiembre de 2022, y no se presentaron los informes financieros correspondientes al periodo fiscal entre 2019 y 2022. Esto fue considerado como un obstáculo para el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Gobierno.
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En cuanto a la liquidación de los activos de la organización, el Ministerio de Gobernación señaló que corresponderá a la Procuraduría General de la República llevar a cabo la transferencia de los bienes muebles e inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua.
La Asociación Casa Ave María se suma a la lista de organizaciones católicas que han sido ilegalizadas y cuyos bienes han sido expropiados por el Gobierno de Nicaragua.
Entre ellas se encuentran la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, que se dedicaba a brindar asistencia a los pobres mediante la provisión de alimentos, ropa y oración, y la Asociación Hijas de Santa Luisa de Marillac en el Espíritu Santo, que administraba un colegio religioso.
Las relaciones entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la Iglesia católica han sido tensas en los últimos tiempos, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de las relaciones diplomáticas.
El papa Francisco se refirió al Gobierno sandinista como una "dictadura grosera" en una entrevista con Infobae, destacando el "desequilibrio de la persona que dirige" el país centroamericano.
La situación continúa generando preocupación tanto a nivel nacional como internacional debido a las crecientes tensiones entre el Gobierno y las instituciones religiosas.
