San José, 1 may (EFE).- Los trabajadores de Costa Rica marcharon este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, para defender el derecho a la huelga y para manifestarse en contra de un proyecto de ley de empleo público.
Con pancartas, músicas y consignas, cientos de trabajadores se movilizaron por el centro de San José hasta llegar a la Asamblea Legislativa, donde los dirigentes sindicales pronunciaron los discursos centrales de la actividad.
El presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante, dijo a Efe que el objetivo de la marcha fue "defender los derechos de los trabajadores" y además pidió al presidente del país, Carlos Alvarado, una reunión para tratar los temas que afectan a los empleados públicos.
"No es posible que el proyecto de servicio esencial nos quite el derecho a huelga. No podemos permitir que el régimen de pensión del Magisterio Nacional sea unificado con otros. El proyecto de empleo público todavía se está discutiendo y hay muchos aspectos en los que no estamos de acuerdo", declaró.
El Congreso de Costa Rica estudia dos polémicas iniciativas de ley. La primera es una que declara como "esenciales" una serie de servicios públicos, entre estos la educación, y por lo tanto quedaría prohibida la huelga en esos servicios.
"Nos están criminalizando la protesta social y nos quieren crear como un servicio esencial. En el magisterio siempre hemos hecho movimientos respetuosos y pacíficos", afirmó Cascante.
El otro proyecto polémico es el de Empleo Público, el cual busca una nueva organización de los regímenes salariales del país con el objetivo de eliminar distorsiones entre instituciones públicas.
El Proyecto de Ley Marco de Empleo Público establece, entre otras consideraciones, un "salario global" para cada puesto de trabajo bajo un régimen general de empleo, que a la vez contempla 8 subregímenes de acuerdo a las particularidades de instituciones como el Ministerio de Educación, el Poder Judicial o la Policía.
La iniciativa también establece ordenar los salarios públicos, eliminar distorsiones salariales entre instituciones estatales, así como incentivos salariales, pero que se concederán de acuerdo al rendimiento y las calificaciones que se le otorguen al trabajador, y no de manera automática como ocurre en la actualidad.
Este proyecto forma parte de una serie de iniciativas complementarias a la reforma tributaria aprobada en diciembre pasado y que pretender contener el gasto público para disminuir el déficit fiscal del país.
Los sindicatos consideran que la propuesta de salario global, que impulsa bases salariales más altas pero que limitaría la asignación de incentivos, va a dañar los ingresos de los trabajadores, especialmente los de más bajo rango.
Los trabajadores también marcharon este miércoles en contra de los aumentos en productos de la canasta básica estipulados en la reforma fiscal, entre otros temas.
Costa Rica cerró el año 2018 con un déficit fiscal del 6 por ciento del PIB, menor al 6,17 por ciento que registró en 2017.
Para 2019, el Banco Central proyecta que el déficit fiscal será del 6,2 por ciento del PIB. EFE
