Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, ha evitado referirse a la violencia del Gobierno.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y algunos países americanos han condenado la violencia en Nicaragua, pero crece la presión para que la crisis se aborde en el organismo y el Gobierno de Daniel Ortega rinda cuentas.
Las protestas en la nación centroamericana duran ya 11 días y suman al menos 42 muertos, pero en la OEA no se ha convocado ninguna reunión al respecto ni está prevista ninguna por el momento.
Sobre Nicaragua, Almagro ha condenado la violencia en términos generales, evitando atribuirla al Gobierno, grupos afines o fuerzas de seguridad, como sí han hecho numerosas organizaciones de derechos humanos.
“El silencio es ensordecedor: el único comunicado de la OEA ha sido condenar ‘la violencia que ha causado las muertes’, sin referirse a la represión o a la fuerza injustificada del Gobierno”, indicó Ben Raderstorf, experto del Diálogo Interamericano.
En contraste, para este lunes un grupo de países, entre ellos EE.UU., México y Perú impulsaron una sesión extraordinaria sobre la situación humanitaria en Venezuela, nación sobre la que se han hecho más reuniones en los últimos dos años.
Adicionalmente, miles de campesinos viajaron este sábado desde el sureste y norte del país hacia Managua, con la consigna “¡Que se vaya Daniel!” en reclamo por las muertes.
Los campesinos se unieron a la marcha pacífica “Por amor a Nicaragua”, convocada por la Iglesia Católica, en la que miles de ciudadanos, con camisetas blancas y banderas de diferentes tamaños de Nicaragua, portaron proclamas de paz, justicia y fotografías de las diferentes víctimas de los enfrentamientos violentos.
Hay desplazamiento forzado
Este sábado, la cifra de muertos en las manifestaciones creció a 42, según informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
Además, aunque el último dato sobre desaparecidos que ofreció el CENIDH fue de 48, se advirtió que la cifra es ahora más incierta que nunca, debido a que hay “desplazamiento forzado”, considerado como una grave violación a los derechos humanos, ya que los desplazados tienen que emigrar de ciudad o país.
