Un total de 15 familias regresaron nuevamente a sus propiedades, luego que a finales de los 90's y comienzos del 2000 tuvieron que salir por intimidaciones del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia para apropiarse de numerosos predios que actualmente han sido solicitados en restitución por las víctimas.
Esto predios que serán restituidas mediante sentencia emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. La Unidad de Restitución de Tierras - Territorial Atlántico indicó que lo novedoso del fallo es que incluye el componente ambiental, por cuanto se refiere al caño Con-dazo, el cual hace parte del complejo de caños y ciénagas que alimentan el santuario de flora y fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta.
Así mismo, precisó que aspectos fundamentales como: la formalización de los predios solicitados, la construcción o el mejoramiento de viviendas, el alivio de pasivos (impuesto predial, tasas o contribuciones del orden municipal, entre otros), están contemplados dentro de la sentencia.
De acuerdo a los documentos de contexto y los testimonios de los desplazados, el corregimiento de Santa Rita vivió la época más crítica en materia de ataques a partir de 1997. Las amenazas, las extorsiones, las desapariciones forzadas y los homicidios, perpetrados por los grupos armados, desencadenaron el éxodo de las familias que habitaban en esta población.
"Los comandantes alias 'Rafa' y alias 'Esteban', pertenecientes al Frente Pivijay de las Auc, eran los que hacían presencia en esta zona. La Fiscalía General de la Nación ha logrado avances muy importantes en el tema penal, específicamente en lo relacionado con los responsables de las acciones violentas perpetradas en el corregimiento de Santa Rita", dijo la directora de la Territorial Atlántico, Ella Del Castillo.
La comunidad de Santa Rita, tuvo que desplazarse forzosamente a varios departamentos de la Costa Caribe, e inclusive a Venezuela, por causa de la violencia paramilitar. Del Castillo señaló que el trabajo de campo realizado tanto en los municipios de Remolino y Sitionuevo, localizados en el Magdalena, así como en los de: Palmar de Varela, Sabanagrande y Santo Tomás, ubicados en el Atlántico, fue determinante para comprobar el desplazamiento y el despojo presentados en esta población por parte de los violentos. De ahí que en octubre de 2013, la entidad decidió catalogarla como zona prioritaria.
