La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra Virna Liz Johnson, alcaldesa de Santa Marta, y su entonces secretario de Gobierno, Bayron Arrieta Jiménez.
La investigación se centra en posibles irregularidades en un contrato de más de $970 millones destinado a la implementación de un programa para garantizar la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia.
Según el Ministerio Público, la administración distrital celebró un convenio de asociación en el que no se evidenció que la mayor parte del presupuesto estaba destinada a la adquisición de elementos de papelería o de oficina y servicios logísticos, tal como lo solicitó la Registraduría.
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La Procuraduría advirtió que los documentos presentados hasta ahora en su proceso de control no justifican la elección de una entidad sin ánimo de lucro y su contratación directa. Tampoco se evidencia la existencia de un estudio del mercado y del sector que garantice que el objeto del convenio se cumpla a cabalidad.
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Además, la Procuraduría investiga una presunta adición al convenio de casi el 50%, sin los análisis y estudios de conveniencia necesarios, y cambios de condiciones técnicas como alquileres de salones, sin justificación alguna y sin modificaciones en los precios unitarios de los elementos.
