La decisión la tomó el actual gerente de la entidad Orlando Ruiz Pérez, quien tiene más de tres años de estar al frente y dos días después de las elecciones regionales, les comunicó de la decisión a los empleados y suspendiéndoles los contratos a los 32 médicos especializados con que contaba.
Esta inesperada decisión, encendió las alarmas a la comunidad médica del departamento y a los mismos usuarios, a pesar de tener la mejor infraestructura del departamento y en la región Caribe, para quedar en solo atender situaciones menores en salud.
Según el director Ruiz Pérez ”el hospital viene atravesando una crisis desde el años 2009 hasta la fecha, por lo que me vi obligado en suspender de manera temporal los servicios de cirugía, hospitalización, ginecología y pediatría; por no garantizar la prestación de los servicios con los estándares mínimos de calidad”.
Precisó que la decisión es temporal con el propósito de garantizar la integridad física y la seguridad de los pacientes que llegan al hospital. ”No es un capricho de Orlando Ruiz Pérez. Desde hace tres años henos luchado por sacarlo de la crisis en que se encuentra. El principal problema es la no viabilizarían y aprobación del documento red, requisito que es indispensable para que sea aprobados los planes de ajustes fiscal y financiero para los hospitales que se encuentran en alto riesgo”.
Indicó que se convirtió en una situación complicada ”ya no aguantamos más, pero creo que los empleados con su situación cada día más critica, que no soportan su mínimo vital, nos han llevado a tomar la decisión”.
Manifestó que desde que llegó en agosto de 2012 el hospital tenía un déficit de los pasivos en $40.200 millones y ha logrado mantenerlos en $39.700 millones.
Añadió que las ESP le adeudan al hospital más de 20 mil millones de pesos, mientras que 17 mil millones de pesos hacen parte de los procesos judiciales con los abogados.
La nómina del hospital alcanza unos 1.139 millones de pesos mensuales, para pagarles a 131 administrativos y 329 asistenciales. Esta elevada nómina, de 89 empleados de planta y 376 empleados por Orden de Prestación de Servicio, que es considerada como una lista paralela y parte del problema ya que se considera como cuota burocrática de los dirigentes políticos de La Guajira.
