A las 8:30 p.m., se realizará la primera audiencia pública en el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, en donde se le dará cumplimiento a la Acción Popular que impetró el Procurador 12 Judicial 2 Agrario y Ambiental de La Guajira, contra el Municipio de San Juan del Cesar.
A ella están citados, el director de Corpoguajira, Luis Manuel Medina Toro y el alcalde de San Juan del Cesar, Carlos Julio Orozco Guerra y la denuncia la formuló el Procurador Agrario Ambiental Hugues Lacouture Danies.
En ella conmina tanto al municipio de San Juan del Cesar como a Corpoguajira por no atender los requerimientos para la solución del problema de alcantarillado en el corregimiento de Los Pondores.
En su momento, el Procurador Agrario y Ambiental Hugues Lacouture Danies, le solicitó al alcalde de San Juan Carlos Julio Orozco Guerra, para que de inmediato adelante las obras de infraestructura requeridas para la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas en el corregi-miento de Los Pondores.
También requirió a Corpoguajira para que de manera inmediata inicie las acciones de control sobre los impactos ambientales generados en Los Pondores por la mala disposición de aguas residuales domésticas.
En la audiencia se espera que los demandados presenten su propuesta de cumplimiento de estas obligaciones perentorias.
Dos horas tarde, 10 y 30 se dará inicio a otra audiencia que busca cerrar la extracción ilegal de material de arrastre del río Cesar a la altura del paso de los Conjuelos corregimiento de Los Pondores, San Juan del Cesar y se le solicitó al alcalde Carlos Julio Orozco Guerra que tomara acciones inmediatamente para evitar que se siga extrayendo el material de arrastre como gravilla y otros.
Igualmente, que se ordenara a Corpoguajira para que iniciara las acciones como máxima autoridad ambiental e imponga las medidas preventivas y sanciones a que hubiere lugar para el control definitivo de la devastación del paso Los Conjuelos en Los Pondores.
Asimismo, que de inmediato se ejerza el control requerido para que las personas que vienen realizado ilegalmente esta actividad sean legalizados, presenten los estudios de impacto ambiental requeridos, tramiten las licencias y permisos ambientales y legalicen la explotación minera ilegal.
