Por conocimiento que tuvo a través de los medios de comunicación sobre presuntas amenazas puestas de manifiesto por el concejal Brian Rodríguez León, el alcalde distrital Rafael Ceballos Sierra, solicitó a la Fiscalía General de la Nación, que se adelante una exhaustiva investigación sobre este caso.
Ceballos Sierra, también pidió a la Fiscalía que se escuche bajo la gravedad de juramento al concejal Rodríguez León, a fin de que este pueda manifestar si conoce y tiene pruebas de quien o quienes le infringieron la presunta amenaza y así se pueda establecer la plena verdad sobre esta situación.
El mandatario finalmente manifestó que rechaza y lamenta este tipo de hechos que tratan de generar zozobra y confusión en las personas, las familias y la comunidad, por eso insistió que es necesario que la Fiscalía haga la investigación y establezca la verdad absoluta.
Por su parte, la Jefe de la Oficina Jurídica Jaridis Movil, aclara sobre solicitud de copias de concejal, argumentando que la solicitud de copias de varios contratos hecha por el concejal Brian Rodríguez León, fue contestada por la Oficina Jurídica dentro del término legal, indicándole al peticionario que las copias solicitadas corresponden a 15 mil 100 folios.
Igualmente afirmó que para la obtención de dichas copias, debía consignar el valor correspondiente, como lo establece el estatuto tributario distrital, el cual no contempla excepciones.
Asimismo, dijo que el concejal casi un mes después, hizo la respectiva consignación para la consecución de las copias.
“Que las copias no han sido entregadas al concejal porque los contratos aún se encuentran bajo custodia de funcionarios de la Contraloría General de la República, quienes realizan una auditoría en esta administración, como se le indicó en la última respuesta por escrito al concejal”.
Finalmente, manifiesta que el concejal Brian Rodríguez León, hizo la consignación de un millón 510 mil pesos a la cuenta bancaria asignada para tal fin, a nombre d la Alcaldía de Riohacha.
También la Jefe Jurídico del municipio, le manifiesta que si este solicita su devolución mediante acto administrativo, el dinero será reembolsado, por lo que en ningún caso se configuraría una apropiación indebida de dinero por parte de la entidad territorial, según el temor expresado por el concejal.
