El Concejo remitirá una queja a la Procuraduría y a la Comisión de Ética del partido al que pertenece el concejal Miguel Martínez, para que evalúen su comportamiento por el que tuvo que ser sacado por la fuerza del recinto.
Durante la sesión plenaria ordinaria del Concejo Distrital de Santa Marta, realizada ayer, se presentó un incidente protagonizado por el concejal Miguel Martínez Olano, que obligó a la Mesa Directiva a suspender temporalmente los procedimientos y solicitar apoyo de la fuerza pública para restablecer el orden.
La situación se generó durante un debate de control político convocado para escuchar al secretario de Hacienda del Distrito, Gonzalo Gutiérrez, y al gerente de Infraestructura, Luis Felipe Gutiérrez, en relación con el proyecto de alcantarillado del barrio Portal de las Avenidas. En medio de la discusión y votación de una proposición para declarar la sesión informal presentada por los concejales Wiston Vargas y Enrique González, Martínez emitió voto negativo y, posteriormente, interrumpió de forma reiterada el proceso de votación. Ante esta conducta, la Presidencia del Concejo le hizo un llamado al orden por violar el reglamento interno, específicamente los artículos 84 y 65.
Pese a las advertencias del presidente Pedro Gómez Áñez, el concejal continuó interrumpiendo la sesión e incluso utilizó los micrófonos de otras curules para expresar que impediría el desarrollo del debate. Ante la negativa del cabildante de acatar las normas, se le suspendió el uso de la palabra y se le solicitó desalojar el recinto. Sin embargo, permaneció en el piso, en el centro del salón. Después de más de veinte minutos sin que se reestableciera el orden, la Mesa Directiva pidió apoyo a la Policía Metropolitana, que acompañó al concejal fuera del recinto para permitir la reanudación de la sesión.
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Esto respondió el ‘Mono’
Al ser consultado por EL INFORMADOR, el concejal Miguel Ignacio Martínez, explicó que, “ hubo un abuso de autoridad y una falta de respeto con el constituyente primario que me eligió como concejal para hacer control político, no existe norma que autorice o faculte a los policías para desalojarme del recinto, de la misma manera el Presidente del Corporación no es juez para ordenar mi arresto, de manera ilegal ya que no había orden judicial”
