La Diócesis de Santa Marta le hizo un llamado a la comunidad para que no tome los servicios que ofrece el cementerio.
Después de la decisión en segunda instancia adoptada por la Secretaría de Gobierno del Distrito de Santa Marta que confirma la primera determinación tomada por la Inspección de Policía Norte el pasado 11 de julio que negaba el amparo policivo sobre el Parque Cementerio San Miguel, el abogado Diego Duque, apoderado de la Diócesis de Santa Marta aseguró que los ingresos no son reportados como lo manda la ley, y será muy difícil responder por ellos cuando se vuelva a tener el control del predio.
Dicho amparo fue solicitado por la fundación Juan Pablo II para que restablezcan los derechos de administración de esta propiedad que actualmente tiene el control el padre Fagid Álvarez.
“Se emitió una decisión de segunda instancia y es que la Secretaría de Gobierno confirmó la determinación de primera instancia de negar el amparo con un argumento pues bastante criticable desde nuestro punto de vista, pues básicamente lo que dicen es que el señor Fagid técnicamente era poseedor desde que la Diócesis lo designó allá. De cualquier manera, es una de las vías de acción, lamentable que se haya decidido en ese sentido y lo considero lamentable porque es absolutamente desfasado del ordenamiento”, manifestó Diego Duque, abogado de la Diócesis de Santa Marta en diálogo con EL INFORMADOR.
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“Ante las autoridades judiciales ya tenemos varias acciones emprendidas, orientadas a que finalmente se restablezca el derecho como tiene que ser, porque para la comunidad, es absolutamente claro que el propietario del cementerio San Miguel es la Diócesis y resulta absolutamente criticable que se mantenga esta persona allá cuando hay evidencias que él no es el dueño”, expresó Duque.
“Lo que está haciendo el Fagid es carente de soporte y respaldo por parte de la Iglesia, ya que no tiene funciones y ha sido cesado como sacerdote, no representa la fe católica desde el punto de vista espiritual él no tiene facultades para ejercer misas. De ahí en adelante, todos los arriendos, alquileres, negocios que se están haciendo, también parecen de legalidad, porque no están siendo realizados por un ilegítimo administrador, el problema es que cuando se restablezca el orden, y la Diócesis tome el control, van haber dificultades para responder por esas contrataciones que habría hecho él a través de la actividad de usurpación que está corriendo actualmente. La recomendación y el llamado para toda la feligresía y para la comunidad en general es que entiendan que el señor Álvarez no representa la iglesia católica ni tiene facultades ministeriales”, aseguró Diego Duque.
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“Después de que se recupere la titularidad con el ejercicio de los derechos de tenencia y posesión del cementerio, la idea será responder y poder poner en orden las cosas. El tema es que va a ser complejo porque este señor está echando a su bolsillo la plata no va a haber control, ni seguimiento y tampoco la posibilidad de edificar”, finalizó el abogado de la Diócesis de Santa Marta.
