La Procuraduría General de la Nación ha destapado una serie de graves irregularidades durante una inspección sorpresa al Centro de Traslado por Protección 1 y 2 de Santa Marta, destinado a la reclusión de Personas Privadas de la Libertad en calidad de indiciadas.
Durante una jornada de visitas, la comisión de la Procuraduría descubrió una serie de problemáticas que arrojan luz sobre una situación alarmante y crítica en el sistema penitenciario de Santa Marta. En primer lugar, se constató que los encuentros familiares, que incluyen la presencia de menores de edad, se llevan a cabo simultáneamente y en los mismos espacios que las visitas conyugales, donde los PPL sostienen relaciones sexuales con sus parejas.
Además, se encontró que los policías encargados de la guardia no cuentan con elementos de bioseguridad esenciales, como guantes, tapabocas y desinfectantes, para la revisión de las personas, alimentos y otros objetos que ingresan al centro. Esta falta de medidas de seguridad básicas eleva considerablemente el riesgo de propagación de enfermedades y contagios.
En lo que respecta a las condiciones estructurales, la comisión identificó conexiones eléctricas improvisadas con cables a la vista, representando un peligro inminente de incendio que podría afectar gravemente a los reclusos y personal del centro.
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La falta de suministro de agua en los inodoros del nivel superior ha generado insalubridad y riesgo de enfermedades, ya que los reclusos se ven obligados a recurrir a baldes y canecas para suplir sus necesidades básicas de higiene. La situación empeora al descubrirse que personas privadas de la libertad con VIH, afecciones en la piel y enfermedades respiratorias no reciben una valoración médica adecuada antes de nuevos ingresos, poniendo en riesgo a toda la comunidad carcelaria.
En lo que concierne a la alimentación, se encontraron deficiencias notables y quejas frecuentes de los PPL sobre la calidad de los alimentos. Lo más alarmante es la ausencia de implementos para la cocina, lo que obliga a la guardia a permitir el ingreso de cuchillos, tenedores y otros elementos que podrían fácilmente convertirse en armas dentro del centro de detención.
Ante esta situación crítica, la Procuraduría Regional de Magdalena ha convocado con urgencia una mesa de seguimiento. En este encuentro participarán la Secretaría de Seguridad y Convivencia, Personería, Defensoría del Pueblo, Fiscalía e Inpec, entre otros actores clave.
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El objetivo de esta mesa es abordar de manera inmediata las irregularidades y buscar soluciones urgentes para revertir esta crisis que afecta gravemente a los centros de detención en Santa Marta. La atención y acción inmediata son esenciales para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de quienes se encuentran bajo custodia en estos centros.
A pesar de que la capacidad nominal del centro es para 150 personas, en la actualidad alberga a 248 hombres y 10 mujeres, generando hacinamiento y condiciones precarias.
